El Ministerio Público considera que ambos incurrieron en cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave tras el trágico accidente ocurrido en octubre de 2023 a la entrada de Cádiz, cuando el autobús circulaba con graves fallos en el sistema de frenos.
La Fiscalía ha solicitado cinco años de prisión para el empresario propietario del autobús y para el conductor implicado en el grave accidente ocurrido en octubre de 2023 en Cádiz, donde el vehículo invadió la acera a gran velocidad y causó la muerte de cuatro personas, además de varios heridos. El siniestro se produjo en la avenida de acceso al puente de la Constitución de 1812. Ambos están acusados de cometer cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el autobús arrastraba desde 2021 deficiencias graves en el sistema de frenado. El empresario, consciente del deterioro, realizó reparaciones mínimas para superar las inspecciones técnicas, pero no garantizó el correcto mantenimiento del vehículo. El informe de la Fiscalía detalla que el autobús presentaba graves fallos: excesiva holgura entre las juntas de freno y los tambores, mal funcionamiento del pistón de empuje y del sistema regulador, y desgaste extremo en discos y pastillas de freno.
Pese a conocer estas anomalías, el empresario permitió la circulación del autobús incluso sin haber pasado la ITV en el plazo legal. Entre abril y agosto de 2023, el vehículo realizó 129 servicios sin inspección. Cuando por fin fue llevado a revisión en agosto, obtuvo un resultado favorable pese a que se detectaron deficiencias leves, como desequilibrios de frenado que debían subsanarse en un plazo de dos meses. Sin embargo, según el Ministerio Público, no solo no se corrigieron estos fallos, sino que además se realizaron manipulaciones al sistema de frenado del eje trasero, lo que redujo aún más su eficacia.
La Fiscalía sostiene que la eficacia del frenado descendió a niveles críticos —entre el 22,65% y el 22,68%— y el desequilibrio de frenado alcanzó el 43%, condiciones que hacían que el autobús fuera inadecuado para circular, suponiendo un “riesgo directo e inmediato” para la seguridad vial.
Respecto al conductor, el escrito recoge que el día del accidente no cumplió con el descanso semanal obligatorio. Tras una jornada intensa que comenzó con un transporte escolar, el chófer recogió por la tarde a 23 estudiantes en Jerez de la Frontera con destino a la Facultad de Medicina de Cádiz. En el tramo descendente del puente, y pese a conocer las fallas en los frenos, circuló a 105 km/h y no adaptó su velocidad a las condiciones del vehículo y la vía. La Fiscalía describe la conducción como “desatenta y distraída”.
Los peritos afirman que, si el conductor hubiera aplicado el freno correctamente, el autobús habría podido detenerse antes de alcanzar el punto de colisión, un muro junto a El Corte Inglés, y se habrían evitado los atropellos mortales.
Por estos hechos, la Fiscalía considera responsables al empresario y al conductor, y solicita cinco años de prisión para cada uno, además de indemnizaciones por más de 500.000 euros para las víctimas y sus familias. El caso está pendiente de juicio en los tribunales de Cádiz.
