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Mié. Jun 19th, 2024

Funcionarios “celebran un funeral por la muerte de la Justicia” ante el abandono que sufren por parte del Gobierno

CSIF, STAJ, CCOO y UGT, que mantienen su huelga indefinida por el conflicto iniciado hace ya dos meses y medio, se manifestaron ayer de manera simbólica desde la Subdelegación del Gobierno en Cádiz hasta la sede provincial del PSOE

Los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia, convocados por CSIF, Staj, CCCOO y UGT, volvieron a manifestarse ayer por la tarde en Cádiz con una protesta simbólica, en la que “celebraban el funeral por la muerte de la Justicia, ante un Gobierno sordo y ciego, que tiene abandonado al 93% del personal que trabaja para la Administración de Justicia”.

El recorrido de la manifestación ‘fúnebre’ partió de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, camino de la sede provincial del PSOE, en la enésima jornada de protesta contra la inacción del Ministerio de Justicia, que se ha negado, en los últimos dos meses y medio a negociar una salida “digna y justa” al conflicto que mantiene con los funcionarios (que representan el 93 por ciento del total del personal que trabaja para la Administración de Justicia).

La huelga indefinida, que se mantiene en vigor desde el 22 de mayo, está provocando la suspensión de miles de juicios y la paralización de miles de expedientes en todo el país, “y parece que al Gobierno central le da igual que perjudique a la ciudadanía”. Desde CSIF insisten en que los funcionarios de Justicia solo piden que se negocie un reconocimiento efectivo de las funciones que llevan a cabo estos trabajadores y que no les corresponden y la mejora de las condiciones laborales de un colectivo siempre olvidado y abandonado, a pesar del volumen de trabajo que asumen y de la importancia que supone para el sostenimiento del estado del bienestar.

Por último, ayer el Comité de Huelga estatal ha solicitado formalmente, y amparándose en la ley, un proceso de mediación y arbitraje a nivel nacional por la ausencia de un interlocutor válido con el Gobierno que permita negociar una salida digna y justa a sus reivindicaciones.

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