Los empresarios del sector aseguran que la normativa actual no aborda el desajuste estructural entre oferta y demanda
El presidente de la Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz (GICA), Lucas Carrasco, ha asegurado que en el debate social abierto este verano en relación a los pisos turísticos y su limitación en algunas ciudades se deben incluir variables como la Ley de la Vivienda actualmente en vigor, “una normativa que está en el centro de la problemática del mercado de alquiler a largo plazo y, sobre todo, la falta de oferta”.
A juicio de esta organización empresarial de referencia provincial en el sector inmobiliario, “la actual normativa no ha logrado los objetivos para las que entró en vigor: garantizar un mercado justo y accesible, tanto para los demandantes de vivienda en alquiler, como para los propietarios, mayoritariamente pequeños inversores que, ante la inseguridad jurídica que les genera la ley, optan por dejar las viviendas vacías o destinarlas a otros usos, como alquileres temporales o el alquiler turístico”, indica Carrasco.
“La actual Ley de la Vivienda no ha logrado incorporar nuevas viviendas al mercado ni contener eficazmente los precios del alquiler de larga duración, lo que tiene efectos negativos en la sociedad. El principal factor que impulsa el aumento de los precios es el desequilibrio entre la oferta y la demanda. En muchas ciudades de la provincia, la demanda de viviendas en alquiler supera con creces la oferta disponible», indica.
En el contexto del debate social en torno a los pisos turísticos, Lucas Carrascos señala la importancia de considerar todos los factores que inciden en el mercado de la vivienda. Carrasco destaca que, aunque se tiende a culpar al alquiler turístico por el aumento de los precios y la escasez de viviendas en ciudades grandes y turísticas como Cádiz, esta visión no toma en cuenta realidades complejas que también afectan a otras ciudades importantes, como Algeciras.
«Es curioso cómo se señala al alquiler turístico como principal culpable de la falta de vivienda en grandes ciudades turísticas, mientras que en ciudades como Algeciras, donde apenas hay viviendas turísticas, el problema de la escasez y el precio elevado es igualmente acuciante. Esto demuestra que el alquiler turístico no es el origen del problema, por mucho que se insista en ello», afirma Carrasco.
El presidente de GICA también destaca que la ley vigente, lejos de fomentar un mercado más accesible, ha creado una situación en la que los pequeños inversores prefieren mantener sus propiedades vacías o destinarlas a otros usos ante la inseguridad jurídica y los escasos incentivos para rehabilitar viviendas antiguas. «Tenemos un parque inmobiliario envejecido y poca obra nueva, pero pocos mencionan las promociones inacabadas o las viviendas ocupadas que pertenecen a fondos de inversión. Si se ofrecieran incentivos adecuados para rehabilitar estas viviendas y ponerlas en el mercado, los precios podrían bajar debido a un aumento de la oferta disponible», añade Carrasco.
Antes de la guerra en Ucrania, era común que pequeños inversores adquirieran propiedades para rehabilitarlas y ponerlas en alquiler o venta, contribuyendo así a revitalizar el mercado. Sin embargo, el aumento de los costes y la inseguridad jurídica han reducido esta actividad. «A pesar de que se suele tildar de ‘especuladores’ a estos inversores, su papel es fundamental para dinamizar el mercado. Lamentablemente, ahora este tipo de inversiones son residuales en la provincia, como se refleja en los últimos barómetros de GICA», explica Carrasco.
Asimismo, GICA insiste en la falta de incentivos para la construcción de nuevas viviendas de alquiler asequibles. “Sin una oferta creciente de viviendas, los precios seguirán elevados debido a la escasez de unidades disponibles. En ciudades con alta demanda y escasa oferta, las medidas de contención de precios tienen un impacto limitado y no abordan las causas subyacentes de los altos precios”, explica Lucas Carrasco.
GICA reitera su compromiso por colaborar con las instituciones para desarrollar una normativa que aborde de manera integral las necesidades del mercado de la vivienda, tanto para inquilinos como para propietarios, con el objetivo de avanzar hacia un mercado más equilibrado y justo para todos.