GICA pide reforzar la seguridad en el alquiler tras una estafa inmobiliaria en San Fernando
GICA reclama trabajar con agencias inmobiliarias profesionales tras la detención de tres personas por una presunta estafa con anuncios falsos en San Fernando
La Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz (GICA-MLS Cádiz) ha reclamado reforzar la seguridad en las operaciones de compraventa y alquiler de viviendas tras la detención en San Fernando de tres hombres acusados de participar presuntamente en una estafa inmobiliaria mediante anuncios falsos.
Según ha recordado la organización, la investigación fue desarrollada por la Guardia Civil a partir de una denuncia presentada en Valladolid y permitió detectar una trama que operaba mediante plataformas digitales, cuentas bancarias obtenidas presuntamente mediante suplantación de identidad y retirada de dinero en efectivo.
Ante estos hechos, GICA ha trasladado públicamente su reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la investigación realizada y ha defendido la necesidad de recurrir a agencias profesionales para reducir riesgos en este tipo de operaciones.
La asociación sostiene que este tipo de casos “no representan al sector inmobiliario profesional”, y considera que situaciones como esta evidencian la importancia de que los usuarios trabajen con agencias acreditadas, con identificación empresarial clara y procedimientos verificables.
Desde GICA se subraya que las agencias profesionales aportan mecanismos de control documental y verificación de las operaciones. “Existe un control documental, una trazabilidad de la operación, una comprobación previa del inmueble y una responsabilidad profesional detrás de cada paso”, señala la organización.
La asociación explica que las agencias integradas en su red trabajan bajo procedimientos comunes orientados a reforzar la seguridad jurídica y económica, incluyendo revisión documental de inmuebles, identificación de las partes implicadas y gestión controlada de reservas y señales económicas.
En este sentido, GICA recomienda a los ciudadanos comprobar siempre quién gestiona la operación antes de realizar pagos o entregar cantidades económicas relacionadas con una vivienda. También aconseja verificar la documentación existente y las garantías asociadas a la intermediación.
La organización considera que las prácticas fraudulentas generan perjuicios tanto para los consumidores como para la imagen del sector inmobiliario. Por ello, insiste en la necesidad de diferenciar entre operadores profesionales y actuaciones irregulares vinculadas a anuncios falsos o falta de garantías.
Asimismo, GICA defiende la implantación de estándares de calidad y transparencia en el mercado inmobiliario, señalando que sus agencias asociadas operan bajo un sistema de cooperación MLS basado en procedimientos compartidos y un código ético común.
Actualmente, más de un centenar de empresas inmobiliarias forman parte de esta red provincial, que trabaja mediante una bolsa común de propiedades en exclusiva compartida para operaciones de compra, venta y alquiler.
Las declaraciones de la asociación se producen en un contexto de creciente preocupación por los fraudes relacionados con el mercado de la vivienda y el uso de plataformas digitales para captar posibles víctimas mediante anuncios falsos.
