Reclaman medidas efectivas para garantizar la supervivencia del tejido productivo andaluz, en riesgo por la crisis del Covid
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha alertado hoy de las graves consecuencias que la crisis del Covid-19 está teniendo en las pequeñas y medianas empresas andaluzas y los autónomos, con un notable incremento de la morosidad, falta de liquidez, complicaciones para acceder a los créditos y problemas de índole laboral ante la falta de demanda.
Los colegios de graduados sociales representan en Andalucía a 9.200 profesionales y operadores jurídicos del ámbito social y laboral, que “están en contacto diario con las pymes, que nos trasladan situaciones de verdadera angustia ante la falta de medidas de calado para paliar la crisis económica sobrevenida por el coronavirus”, destaca el presidente del Consejo, José Blas Fernández.
“En nuestros despachos no se ven signos de optimismo ninguno, y ni por asomo se habla de recuperación. Sí abunda la incertidumbre y la gestión de actuaciones que tienen consecuencias negativas para las empresas: declaraciones de insolvencia, falta de liquidez, dificultades para acceder a los créditos ICO, aumento de la morosidad y, también, un incremento de los despidos”, señala.
En este sentido, el Consejo Andaluz de Graduados Sociales prevé una dura fase de despidos si el Gobierno “no toma medidas para que las empresas puedan retener a sus empleados en los meses, una vez venzan los plazos de los ERTEs”.
“Los datos que se están poniendo sobre la mesa son muy preocupantes. Si no somos capaces de mantener un mínimo círculo virtuoso que dé oportunidades y negocio a nuestro tejido productivo, mayoritariamente compuesto por pymes, el cierre de empresas, quiebras y concursos de acreedores va a ser dramático en solo dos meses más”, augura el presidente del Consejo.
La clave para estos profesionales es “abrir un paréntesis que incluya a todas las empresas con dificultades, para que puedan sobrevivir hasta que llegue la vacuna y se reinicie el cambio a la normalización. De otra manera, estamos condenando a cientos de miles de pequeños negocios a desaparecer”.
Más de 200.000 personas que han salido hasta la fecha del mercado laboral, una previsión de cierre del 2020 con el 21% de desempleo y el cierre de más de 400.000 pequeños negocios “son cifras que ponen de relieve la magnitud del problema al que hay que hacer frente”, mantiene Fernández Sánchez.
Facilidades en todos los ámbitos de relación entre empresas y administraciones: pago de impuestos y tasas, flexibilidad laboral, expedientes temporales de empleo, inyecciones de liquidez, son algunas de las medidas que demandan los graduados sociales, junto a una reforma del sector público para que se oriente “a la eficiencia y competitividad de los servicios que deben prestarnos a todos, ciudadanos y empresas”, señala José Blas Fernández Sánchez.
Por último, se destaca un aspecto que preocupa a estos operadores jurídicos: el colapso de la Justicia Social, con juzgados de lo Social que no pueden afrontar el incremento de demandas por despido. “Tememos que se señalen juicios a partir de 2023, una espera insostenible para empresas y trabajadores”, agrega.