Graduados sociales de Cádiz denuncian colapso por las notificaciones automáticas de la Seguridad Social

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha denunciado este miércoles el colapso que están sufriendo los despachos profesionales de la provincia debido a la implantación masiva de notificaciones electrónicas automáticas por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Según la entidad colegial, estas comunicaciones, que se emiten incluso durante fines de semana y festivos, están desbordando la capacidad de respuesta de los profesionales y comprometiendo la gestión laboral de miles de pymes, micropymes y autónomos.

La denuncia la ha hecho pública el presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez, quien ha advertido de que el sistema actual de notificaciones automáticas está saturando los despachos con más de 200 alertas semanales, muchas de ellas con requerimientos inmediatos. “La Administración ha delegado en los graduados sociales una función que debería ejercer de forma ordenada y con respeto a la desconexión digital. Esta es una situación límite”, ha afirmado Fernández.

El problema afecta especialmente a Cádiz, una provincia con una estructura empresarial dominada en más del 85% por pequeñas y medianas empresas y autónomos, sectores que dependen de los graduados sociales para la gestión de sus obligaciones laborales y de Seguridad Social. Los profesionales actúan como intermediarios esenciales entre las empresas y la Administración, encargándose de nóminas, cotizaciones, bajas laborales, pensiones o ayudas sociales como el Ingreso Mínimo Vital.

La saturación del sistema no solo incrementa la carga de trabajo, sino que también genera confusión e incertidumbre entre los clientes. “Estas notificaciones continuas y repetitivas están provocando incluso errores en los sistemas informáticos. La falta de control y filtrado está afectando directamente a las empresas y trabajadores”, ha subrayado el presidente del Colegio.

Desde la entidad se recuerda que ya advirtieron en su día del impacto que tendría la falta de personal en la Seguridad Social en los tiempos de resolución de expedientes. Ahora, denuncian que esa escasez de recursos se ha traducido en una “externalización encubierta” hacia los despachos privados sin el apoyo necesario. “Nosotros cumplimos con rigor nuestras funciones como operadores jurídicos del Orden Social, pero no podemos asumir la responsabilidad de un sistema de alertas sin sentido común”, ha insistido Fernández.

Reivindicaciones del colectivo

Ante esta situación, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta exige al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una respuesta inmediata que alivie la presión sobre los despachos profesionales. Entre las medidas propuestas, reclaman establecer una franja horaria limitada para el envío de notificaciones, de lunes a viernes y en horario laboral, y suprimir el envío durante fines de semana y festivos.

También solicitan una racionalización del sistema de alertas para evitar duplicidades y errores, permitiendo además su agrupación por tipo o prioridad. El Colegio pide además un protocolo de revisión periódica del sistema con la participación de los Colegios Oficiales y el Consejo General de Graduados Sociales, así como el refuerzo de la plantilla de la Seguridad Social para evitar que el colapso administrativo se traslade al sector privado.

Otra de sus demandas es el reconocimiento formal de los graduados sociales como interlocutores profesionales imprescindibles para el correcto funcionamiento del sistema de protección social. “Somos una pieza clave para garantizar los derechos de trabajadores, empresarios y colectivos vulnerables. Pero necesitamos condiciones dignas para seguir desarrollando nuestro trabajo”, ha recalcado el presidente.

Fernández concluye que lo que ocurre en Cádiz es reflejo de una problemática extendida a nivel nacional: “La digitalización no puede ser una excusa para maltratar profesionalmente a quienes sostenemos el sistema desde la base. Exigimos una solución inmediata que proteja tanto a nuestro colectivo como al tejido productivo y social del país”.