Durante décadas hemos aplazado su reforma, si bien es cierto que ha sufrido transformaciones, no lo es menos que su estructura sigue anclada aun en el Siglo XIX.
En el programa electoral del PSOE de1982, (epígrafe III, punto 2.8 del programa electoral de 1982, página 36), se refería a la crisis de confianza de nuestros ciudadanos en la administración de justicia y que se debía, entre otros motivos a su carestía; y para recuperar dicha confianza prometía eliminar la tasa judicial, ya que «… la administración de justicia, como servicio público de los más esenciales del Estado, deberá ser gratuita para todos los ciudadanos».
Pero los políticos no tardaron en darse cuenta de que la justicia podía ser un obstáculo para la ejecución de sus políticas, con lo que se sucedieron distintos intentos por controlarla.
Pasará a la historia de este país el “hemos matado a Montesquieu” que pronunció el entonces vicepresidente Guerra cuando en la LOPJ de 1985 se pasó a un sistema en el que los 20 miembros del CGPJ serían designados por el Congreso y el Senado.
Desde entonces en cada renovación del CGPJ (cada 5 años) asistimos al mismo cambalache entre los grandes partidos para configurar un gobierno de los jueces equilibrado, es decir, al gusto de los propios políticos. Los líderes de los principales partidos llegan a un acuerdo que incluye a los miembros del CGPJ, a los magistrados del TC o al Presidente de RTVE, y los diputados y senadores como perfecta correa transmisora convalidan los pactos sin crítica. La partitocracia perfecta. De esta manera no es extraño que los corruptos estén tan tranquilos y el país sufriendo las tropelías de una panda de desalmados,sean cual sea su color político.
Su relación y su concepción del poder básicamente no han cambiado, sigue siendo unos de los poderes básicos de un Estado de Derecho, pero por desgracia el único que no ha abrazado la democracia.
Desaparecieron los Juzgados de Distrito, se crearon los Tribunales Superiores de Justicia, tenemos un Tribunal Constitucional y un Consejo General del Poder Judicial.
La Justicia es un Poder del Estado, básico para los ciudadanos, centenares de miles de expedientes duermen en los juzgados, fruto de la inoperancia del sistema y los ciudadanos demandamos soluciones.
El Poder Judicial lo ejercen Jueces y Magistrados al dictar resoluciones, motivadas y fundadas en derecho, para después ejecutarlas, en sus propios términos; todo lo que excede de ello no es más que un servicio público administrativo.
La Justicia no es el acto de dictar resoluciones judiciales y ejecutarlas, adornándose de ritos arcaicos, de un personal sin medios, unas oficinas de cartón piedra y un lenguaje, absolutamente inadecuados en un Estado Democrático.
Vivimos, queremos vivir en una sociedad de ciudadanos libres y para ello es fundamental que nuestra justicia tenga una organización funcional y moderna y desvinculada del poder ejecutivo.
No es de recibo contemplar como el fiscal del Estado ejercer como defensor de la hermana del Rey.
La situación actual de la Justicia en España exige una mayor responsabilidad de todos los partidos de nuestro Parlamento.
La paralización política de la justicia ha logrado que mientras hayamos conseguido una más que aceptable reforma militar, la justicia ha estado huérfana de las reformas necesarias para adecuarla a nuestro tiempo.
No es posible aceptar que mientras un juez dicta libertad por una causa, sobre el mismo sujeto obre decenas de órdenes de captura por parte de otros juzgados.
Se han perdido años, se debía haber implantado una nueva oficina judicial e introducido decididamente los nuevos medios informáticos, la ausencia de papel, la firma electrónica, las bases de datos comunes, etc.
Es preciso una reforma de las profesiones jurídicas: el ingreso en la carrera judicial ha quedado del todo obsoleto; el papel de los secretarios judiciales inexistente; los abogados han visto retrasada la entrada en vigor de la regulación del acceso a su profesión; los procuradores deben redefinir sus cometidos y aportar valor a la administración de justicia y no ser solamente un coste cada vez con menos sentido y ajeno a la competencia.
Desde la clase política se habla de nuevas atribuciones, lucha contra la violencia de género, pero todo ello no será posible hasta que los políticos no asuman su responsabilidad y también nuestros jueces y magistrados, máxime cuando muchos ciudadanos se nos mueren en las listas de esperas de la justicia. Y miles de corruptos felices aprovechándose de la situación.