El Gobierno andaluz garantiza la financiación del servicio y restablecerá su habitual sistema por atención prestada tras la conclusión de la alerta
El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración la prórroga de las medidas extraordinarias adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para garantizar la financiación correspondiente al servicio de ayuda a domicilio hasta la finalización del estado de alarma. De esta forma y hasta esta fecha, la financiación será como mínimo equivalente a las liquidaciones correspondientes al mes de febrero de 2020. Posteriormente, se restablecerá el sistema en función del servicio efectivamente prestado, como se realizaba previamente a la pandemia por Covid-19.
El Gobierno andaluz ha considerado necesario aprobar esta nueva medida económica extraordinaria con el objetivo de dotar a las entidades locales y gestoras del servicio de la suficiente flexibilidad para que puedan acometer la transición hacia la nueva normalidad con las suficientes garantías en la prestación del servicio y en el mantenimiento del empleo.
Para ello, la Consejería de Igualdad ha valorado que este proceso requiere de respuestas flexibles hacia las necesidades de las personas en situación de dependencia que, durante la etapa de la crisis del coronavirus, han visto alteradas las condiciones de prestación del servicio, así como de las nuevas incorporaciones de personas beneficiarias al Sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Andalucía.
El servicio de ayuda a domicilio, prestado por las corporaciones locales y financiado por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), supone un apoyo esencial para el colectivo de las personas mayores, que por el impacto que ha tenido el coronavirus sobre ellas, se han convertido en las que mayor protección han requerido.
Por este motivo, el Gobierno andaluz adoptó medidas inmediatas en el inicio de la pandemia para garantizar la continuidad de la atención de las necesidades básicas a las personas en situación de dependencia, la reconfiguración de los contenidos de la atención en función de prioridades y el mantenimiento del empleo.
Antes de esta prórroga de medidas extraordinarias, mediante la Orden de 14 de mayo, ya se levantó la suspensión de las visitas domiciliarias realizadas por el personal trabajador social encargado de aplicar el baremo de valoración de dependencia y la elaboración de las propuestas del programa individual de atención. De esta forma, se aseguraba el cumplimiento de la misión de los servicios sociales de ofrecer protección, atención y cuidados a la población y especialmente a la que presenta mayor vulnerabilidad ante el Covid-19.
En este sentido, el Plan de transición para la nueva normalidad, aprobado por el Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020, preveía la reactivación progresiva de los servicios sociales, con atención prioritaria a los colectivos más desfavorecidos en función de las recomendaciones sanitarias establecidas. Entre ellos, la atención domiciliaria y el seguimiento continuo a las personas mayores que no vivan en residencias.