Investigan a un propietario en Villamartín por presunta extracción ilegal de agua mediante pozos y sondeos ocultos

La Guardia Civil localizó captaciones subterráneas, depósitos y sistemas de bombeo sin autorización en una finca del término municipal.

La Guardia Civil investiga a un propietario de una finca de Villamartín por un presunto delito de usurpación de aguas tras localizar varias captaciones subterráneas y sistemas de extracción sin autorización. La actuación se produjo el pasado 19 de enero durante una inspección realizada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza en el interior de la explotación agrícola.

Durante la inspección se localizó un sondeo activo que se encontraba oculto en el interior de una construcción de bloques de hormigón, cubierta por vegetación de la zona. El sistema contaba con bomba de extracción, tuberías y conexión eléctrica para conducir el agua hacia distintos puntos de la finca. Los agentes verificaron que la instalación carecía de contadores volumétricos, lo que impide conocer la cantidad de agua extraída y su destino final.

El seguimiento del sistema de tuberías permitió comprobar que el agua se derivaba hacia dos depósitos de veinte mil litros cada uno, destinados a distintos cultivos, y hacia otro depósito de dos mil litros que abastecía áreas domésticas del cortijo, entre ellas jardines, piscina y huerto. Este uso del agua no contaba con autorización administrativa y se habría realizado mediante captaciones continuadas de recursos hídricos subterráneos.

Además del sondeo, los agentes localizaron cuatro pozos situados en la finca próximos a un arroyo. Algunos de ellos disponían de sistemas de extracción mediante bomba y tuberías conectadas a redes eléctricas o con contadores anulados. Otros pozos no presentaban extracción mecánica instalada en ese momento, pero estaban acondicionados para permitir la colocación rápida de dispositivos de captación.

La investigación se centra en la supuesta derivación y explotación de agua subterránea sin autorización administrativa, lo que afecta a recursos catalogados como dominio público hidráulico. Este tipo de captaciones ilegales está contemplado en el Código Penal como usurpación de aguas cuando se actúa con ánimo de obtener un beneficio económico mediante el uso continuado del recurso.

La Guardia Civil sostiene que la actividad investigada se habría realizado con fines agrícolas y para el abastecimiento del cortijo, y que el sistema estaba configurado para operar de manera encubierta. Los agentes han trasladado las diligencias a la autoridad judicial competente para continuar la instrucción del caso.

La extracción no autorizada de agua es una práctica que preocupa a las administraciones públicas y a los cuerpos de seguridad por el impacto que puede generar sobre los acuíferos y los cursos fluviales, especialmente en periodos de sequía. La Guardia Civil ha recordado que el uso indebido de recursos hídricos sin autorización puede comprometer el equilibrio del ecosistema y afectar a la disponibilidad del agua para otros usos legales.

La investigación sobre captaciones ilegales de agua se ha intensificado en distintos puntos de Andalucía en los últimos años debido a la presión sobre los acuíferos y a la explotación intensiva de recursos hídricos para uso agrícola y residencial. La combinación de sequía, aumento de demanda y bombeos no autorizados incrementa el riesgo de descenso del nivel freático, salinización y deterioro de la calidad del agua.

En el caso de Villamartín, las actuaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas inspecciones para determinar el alcance de las captaciones y el volumen potencial de agua derivado. La investigación permitirá establecer si se produjeron perjuicios ambientales y si hubo otros usos asociados a la explotación de los recursos hídricos.