En Cádiz capital, un grupo de militantes sopesa denunciar una posible filtración de datos personales ante la Agencia Española de Protección de Datos
Nuevo frente en la guerra por el control del PSOE provincial. Tras la derrota electoral de la lista encabezada por Irene García el pasado domingo, la secretaria general y presidenta de la Diputación de Cádiz se ha hecho fuerte en el antiguo Palacio de la Aduana. De esta manera, esta mañana se hacía público desde el sector crítico el cese de los secretarios generales de Benaocaz, Antoniol Venegas, y Puerto Serrano, Miguel Ángel Carrero.
Los críticos no solo denuncian las destituciones, también la manera en que se han producido. Menos de 48 horas después de ser derrotada en las urnas, Irene García firmaba los ceses sin comunicárselo a los interesados, que tenían constancia de estos hechos tres días más tarde, al recibir un SMS de la Seguridad Social comunicándoles su baja.
Con esta forma de actuar, según los críticos, la secretaria general de los socialistas pretende recuperar la ventaja electoral «atemorizando a los cargos institucionales». Una medida que se une a la campaña de afiliación puesta en marcha por los afines a García, que pretende incorporar 500 nuevos afiliados al partido, «siguiendo el ejemplo de las agrupaciones de Grazalema y Nueva Jarilla.
La carrera por la secretaría general del partido no solo se recrudece. Con esta escalada de prácticas poco ortodoxas Irene García se juega su futuro a una carta, la de salir victoriosa de un congreso provincial que se le está atragantando. La posibilidad encontrar una salida en el caso de perder en las urnas, como ocurrió con Susana Díaz tras perder con Juan Espadas, cada vez está más lejana. Tendrá que ser el propio Espadas, o incluso Pedro Sánchez, el que interceda con la nueva ejecutiva provincial en el caso de que García pierda.
Lío en Cádiz capital con el uso de datos personales
Por si fuera poco, la resaca del proceso electoral del pasado domingo también se está notando en la sede de Gaspar del Pino. Fuentes internas han asegurado a este medio que un grupo de militantes de la capital ha mostrado su malestar tras recibir llamadas telefónicas por parte de los partidarios de Irene García, un sector que en Cádiz encabeza la ex delegada de la Zona Franca, Victoria Rodríguez. Este grupo de militantes no descarta poner estos hechos en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos, lo que elevaría el conflicto a un nivel de consecuencias insospechadas.
Estas mismas fuentes aseguran que la secretaría de organización, encargada de custodiar el censo de militantes, no ha facilitado estos datos. Las sospechas recaen, por tanto, en instancias superiores a la Agrupación Municipal, Es decir, que aunque no lo manifiesten de forma expresa apuntan de soslayo hacia la sede de San Antonio.