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Vie. Nov 22nd, 2024

Irene García pide a Moreno Bonilla que aclare los criterios de reparto del Fondo Social Extraordinario entre las localidades de menor población

Traslada al presidente de la Junta de Andalucía un acuerdo adoptado por el Consejo de Alcaldías de la Diputación

Irene Garcia en comision de coordinacion
Irene Garcia en comision de coordinacion

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha solicitado por carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que aclare cuáles son los criterios del reparto del Fondo Social Extraordinario, decidido por el Gobierno de la Nación y transferido a la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre los pequeños municipios de la provincia y cómo se va a llevar a cabo en el caso de las Entidades Locales Autónomas (ELA).

Con esta solicitud Irene García cumple el acuerdo adoptado por el Consejo de Alcaldías de la Diputación de Cádiz, reunido el pasado martes por videoconferencia, donde se constató la necesidad de conocer los criterios del reparto de los 650.450,54 euros que corresponden a Diputación Provincial, dentro del presupuesto del referido fondo social. El citado consejo reúne a los municipios con población inferior a los 20.000 habitantes y las ELA, “corazón de las competencias de ésta y de todas las Diputaciones”, tal como indica la presidenta en la carta. En este consejo se señaló que estos pequeños municipios tienen unas necesidades peculiares que no tienen las grandes ciudades y que no quedaba clara la gestión de este fondo adaptada a las necesidades que tenían que acometer ante la pandemia.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 21 de abril establece los montantes concedidos a cada corporación local, “así como una serie de líneas de actuación sin la debida concreción a la hora de poder establecer iniciativas de la forma más inmediata posible, acordes a la inmediatez exigible ante la magnitud de los perjuicios que está causando esta pandemia”, como señala en su carta la presidenta.

Los alcaldes y alcaldesas del consejo mandataron a la presidenta de la Diputación para que solicitase al presidente de la Junta que “aclare definitivamente el destino de esos fondos derivados del Fondo Social Extraordinario aprobado por el Gobierno de España y cuya gestión en el ámbito de las corporaciones locales andaluzas es responsabilidad del Ejecutivo que presides”, escribe Irene García en la carta.

Al respecto, la presidenta solicita, en nombre de los alcaldes y alcaldesas, aclaración sobre la posibilidad de que la consignación señalada para la Diputación pueda ser distribuida “entre las localidades que hemos de atender desde esta institución, de forma que sean ellas quienes gestionen sus recursos, en la forma que mejor consideren, o si, por el contrario, esta Diputación debe gestionar directamente y como una unidad cada uno de los programas y contrataciones respecto a las localidades que se hallan bajo su competencia”.

Irene García también traslada a Moreno Bonilla las dudas surgidas con relación a las ELA. ”Con el ánimo de evitar eventuales duplicidades, de agilizar en lo posible la tramitación previa, y dada la existencia en esta provincia de una decena de Entidades Locales Autónomas, sería preciso conocer si aquellas que forman parte del término municipal de ayuntamientos, que ya son receptores directos de esas ayudas, serán atendidas por referidas cantidades (como son los casos de Guadalcacín, La Barca de la Florida, Nueva Jarilla, Estella del Marqués, El Torno, Torrecera y San Isidro del Guadalete, respecto a Jerez de la Frontera; y de Zahara de los Atunes, respecto a Barbate); o si, por el contrario, deberán serlo a cargo del presupuesto asignado a esta Diputación”, indica la presidenta en la carta.

Malestar

El pasado 12 de abril Irene García también trasladó por carta el “malestar” de las entidades locales, al considerar que habían sido relegadas por la Junta de Andalucía en el diseño e intervención en actuaciones que trataran de paliar las consecuencias de la pandemia COVID-19. Irene García le recordaba entonces al presidente que los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz “llevan semanas desarrollando una actuación ejemplar de colaboración leal e implicación”. Y, frente a esta certeza, “no entendemos que no exista una recíproca lealtad, así como la información y transparencia exigidas”. No tuvo respuesta a esta carta.

Irene García, por otra parte, también comunica al presidente andaluz su “sorpresa” al haberse enterado por los medios de comunicación del reparto de los fondos estatales antes de ver su publicación en el BOJA.

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