La presidenta de la Diputación, Irene García, ha mantenido una reunión con diferentes representantes de las trabajadoras de ayuda a domicilio, para poder informales sobre las novedades que presentan los pliegos que rigen la licitación del servicio y resolver dudas con respecto a las obligaciones que han de tener las empresas adjudicatarias así como los derechos que amparan al personal que presta el servicio. La presidenta ha estado acompañada por la diputada de Igualdad y Bienestar Social, Isabel Armario, quien ha ofrecido pormenores sobre las cláusulas sociales y mejoras salariales que se incluyen en las nuevas condiciones, y del diputado de Servicios Económicos, Jesús Solís que ha precisado el aumento presupuestario que la Diputación destinará para este fin.
Uno de los aspectos fundamentales que contempla el nuevo pliego es que se aumenta el precio de la tarifa por hora de servicio, con el fin de que las empleadas (las mujeres constituyen el 95% del personal) puedan ver mejorados sus salarios sin que eso suponga generar un déficit para las empresas. De este modo, Diputación va a movilizar un millón de euros anuales de recursos propios (la licitación es por dos años) y se recoge en los pliegos la obligatoriedad para ser concesionaria del servicio de que se traduzca en un aumento del 5% de lo que perciban las trabajadoras. Además la entidad provincial también destinará un 1% más para cubrir otros gastos que tienen las empresas además del pago de personal, como material de trabajo, alquiler de sedes, gastos financieros o desplazamientos.
Isabel Armario ha explicado que no sólo se trata de mejorar los sueldos sino de que las empresas puedan comprar nuevos vestuarios o los materiales para que los profesionales puedan desarrollar su trabajo con los mejores medios, ya que el fin principal es que la atención que reciben los usuarios sea óptima.
Otra de las novedades que se ha trasladado al colectivo de trabajadoras es la aplicación de nuevas cláusulas sociales que han de cumplir las empresas y que suman a las que ya se venían aplicando en anteriores licitaciones. De este modo se contempla que se dará también una mejor valoración a las empresas de economía social o del tercer sector y que cuenten con un Plan de Igualdad con adaptación específica al objeto de licitación.
La Diputación se encarga de la prestación de este servicio en Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz, coordinados desde el Área de Igualdad y Bienestar Social de esta Diputación. Hay 1.500 usuarios, distribuidos en 25 municipios, y unos 780 trabajadores, de los que el 95% son mujeres. La provincia se divide en seis áreas geográficas que se corresponden con los seis lotes de adjudicación a los que pueden presentarse las empresas.
Estas cláusulas se suman a las existentes de seguimiento y control de la calidad del servicio, revisiones periódicas de incumplimientos y sus penalizaciones; aspectos sociales como la atención a las personas cuidadoras o la realización de talleres participativos con las personas usuarias. Porcentaje de personas con discapacidad, mejoras del servicio y protocolos de actuación en situaciones de emergencia (buenas prácticas), subrogación de todo el personal anterior, medidas de seguridad e higiene, equipos de protección individual y exigencia de pago al personal a su tiempo y conforme al convenio marco son mejoras objetivas incorporadas a los pliegos de contratación.