La presidenta de Diputación, Irene García, comparte la decepción reflejada por el sector almadrabero de la provincia de Cádiz tras conocerse la cuota de captura aprobada en la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT). El incremento adoptado es sensiblemente inferior al que aguardaban las empresas que gestionan los calamentos en el litoral gaditano: en Barbate, Zahara de los Atunes, Conil y Tarifa. Las cuatro almadrabas capturaron en la última campaña 1.097 toneladas y, según los últimos datos transcendidos, podrán alcanzar 1.292 toneladas en la temporada de 2018. El sector esperaba superar las 1.500 toneladas a tenor de la recuperación de la especie, verificada mediante evaluación científica y en concordancia con los registros alcanzados antes de las restricciones.
Irene García manifiesta que el trabajo de las almadrabas no puede caer en saco roto. La presidenta de Diputación lamenta que no se valore la magnífica labor de una pesca sostenible, caracterizada por su respeto y protección medioambiental. A tenor de las cuotas determinadas por la ICCAT necesitamos volver a movilizarnos, de manera que los valores de las almadrabas se tengan en cuenta por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, así como por parte de las autoridades comunitarias. Necesitamos una mayor implicación y complicidad por parte de los organismos con capacidad de decisión. Irene García ha indicado que se contactará con los eurodiputados en Bruselas para trasladar nuestra actual preocupación, reiterarles lo que significan las almadrabas y establecer alianzas.
La presidenta de Diputación ha agradecido la actitud de la Junta de Andalucía cuyo consejero de Pesca ya ha solicitado al Ministerio que paralice la tramitación del real decreto sobre el reparto de cuotas de atún rojo, a la espera de reformular ese criterio en función de los nuevos datos.
Desde Bruselas tendrán que adoptarse decisiones de gran trascendencia. A pesar de que el total admisible de capturas para todo el mundo alcanzará las 36.000 toneladas en el año 2020, el ICCAT ha modificado la clave de reparto en detrimento de Europa.
En esa tesitura desde la Diputación de Cádiz volverá a convocarse a los miembros de la Mesa de la Almadraba al objeto de volver a unificar el mensaje así como la estrategia de reivindicación. Pertenecen a esta plataforma las empresas que operan en las almadrabas de Barbate, Zahara de los Atunes, Conil y Tarifa; los Ayuntamientos; grupos políticos representados en Diputación; Junta de Andalucía; y comités de empresa. En este foro también se defienden los intereses de las flotas de cañas, de líneas de mano y palangreros que faenan en el Estrecho.
Irene García ha valorado la actitud de unas almadrabas que pese a disponer de una cuota ridícula han crecido en empleo y dimensión en los últimos años. Las restricciones en el volumen de capturas se empezaron a aplicar en el año 2006, a tenor del peligro que corría la especie. La pesca masiva, y sin control de tallas, por parte de cerqueros industriales del Mediterráneo había diezmado el stock. Sin embargo las limitaciones fueron generalizadas: las almadrabas de la provincia de Cádiz pasaron de las más de 1.400 toneladas capturadas, a unas escasas 656 en el año 2014. Se vivieron años de pura pervivencia sin apenas margen de beneficios y con la obligación de recurrir al fondo estatal de maniobra y la compra de cuota a otras flotas; con tensiones laborales y con temporadas más cortas. Además, en 2009, la crisis mundial se tradujo en una bajada de la demanda y de los precios.
El total admisible de capturas (TAC) volvió a elevarse en 2015 pero en márgenes que aún son insuficientes en relación a la recuperación del atún rojo salvaje.