La formación política defenderá en el Pleno provincial una segunda moción instando al Gobierno central a revisar la denegación de asilo a los activistas saharauis que se encuentran en el Aeropuerto de Madrid-Barajas
El grupo provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Cádiz defenderá el próximo miércoles en el Pleno ordinario una proposición reclamando a la institución provincial que inste a la Junta Andalucía a la puesta en marcha inmediata de los Centros de Crisis de atención 24 horas para las víctimas de violencia sexual en las ocho provincias andaluzas.
Así, el diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, argumenta que la Ley de Libertad Sexual del año 2022 establece que todas las provincias y ciudades autónomas de España deben tener un Centro de Crisis 24 horas de Atención a Víctimas de Violencia Sexual. Apunta Galán que “el plazo que inicialmente se estableció en seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley, fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2023” y lamenta que, “si bien, en otras comunidades autónomas estos centros han empezado a funcionar, en Andalucía no hay actualmente ninguno operativo”.
Denuncia el portavoz de IU en la Diputación de Cádiz que, “Andalucía ha recibido hasta la fecha del Gobierno central por este concepto 12,3 millones de euros y no ha empleado ni un euro en este cometido”.
Izquierda Unida recuerda que el artículo 35 de la Ley de Libertad Sexual establece que estos centros ofrecen “servicios de atención psicológica, jurídica y social. Asimismo, bajo criterios de atención permanente y actuación urgente, proveerán “apoyo y asistencia en situaciones de crisis para las víctimas y sus familias y personas del entorno”. Además, estos centros incluyen “acompañamiento e información telefónica y presencial las 24 horas del día todos los días del año”, por lo que ve imprescindible su puesta en marcha.
IU aporta como datos los extraídos del `Informe sobre delitos contra la libertad sexual en España 2023´, elaborado por el Ministerio del Interior, que indica que, Andalucía, con 3.473 casos en 2023 fue la segunda comunidad autónoma con más delitos contra la libertad sexual, por detrás sólo de Cataluña. De esta cifra, un total de 483 casos de víctimas de violencia sexual se dieron en la provincia de Cádiz. Añade, además, IU el dato de que ese mismo año, el Instituto Andaluz de la Mujer atendió a 660 víctimas de violencia sexual.
Respaldo a activistas saharauis
Izquierda Unida defenderá una segunda moción en el Pleno provincial por la que se insta al Gobierno del Estado a “revisar la denegación de asilo a los activistas saharauis que se encuentran en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, garantizando que se evalúe de forma justa y transparente conforme al derecho internacional”. De igual forma, la moción reclama al Gobierno central que tome “las medidas necesarias para asegurar que se respeten los derechos humanos de los solicitantes de asilo saharauis, especialmente aquellos que alegan situación de persecución política y/o tortura”, así como a que, “mientras se adoptan las medidas anteriores, no se proceda a la devolución a Marruecos y se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que su estancia en España se haga en condiciones de salubridad adecuada, digna y sin malos tratos”.
Expone IU que el Ministerio del Interior de España ha denegado la entrada y la solicitud de protección internacional a varios activistas saharauis en situaciones vulnerables. Entre ellos están, Ali Hammou, un activista sordomudo en tratamiento por cáncer, y una familia compuesta por Mohamed Ali Slimani, su esposa Rbab al-Tarad Yahi y su hija de un año y medio, quienes huían de la represión en el Sáhara Occidental.
También se denuncia el caso de Mohamed Bachir, cuya solicitud fue rechazada tras asignarle un intérprete marroquí que no hablaba el dialecto adecuado. La defensa sostiene que esto violó su derecho a una representación justa.
El diputado provincial de IU señala que “desde IU tenemos conocimiento de que alrededor de 30 activistas saharauis han iniciado una huelga de hambre en el aeropuerto de Madrid-Barajas tras la negativa del Ministerio del Interior a concederles asilo. Los ciudadanos saharauis alegan ser perseguidos políticos y temen por su seguridad si regresan a Marruecos”. Además, apunta que “los activistas, retenidos durante semanas en condiciones que denuncian como insalubres, piden que sus solicitudes sean evaluadas individualmente, ya que consideran que han sido rechazadas de forma generalizada”. Familiares y manifestantes han exigido su libertad frente a la sede del Ministerio del Interior.
“Por todos es sabido que el Reino de Marruecos lleva, desde 1975, incumpliendo el derecho internacional con la ocupación militar de los territorios saharauis. Se trata de una brutal ocupación que no sólo viola el Derecho Internacional, sino que ataca constantemente los derechos humanos de su población”, defiende Galán en la argumentación. Y concluye que, “España, por otro lado, tiene responsabilidades jurídicas y políticas en tanto en cuanto es potencia descolonizadora, por lo que no puede seguir mirando hacia otro lado mientras se violan sistemáticamente los derechos humanos en el Sáhara Occidental”.