IU ha anunciado que realizará el próximo jueves en el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz un alegato en defensa de la escuela pública a través de una proposición en la que plantea una batería de medidas encaminadas a reforzar la educación pública y a recalcar el carácter de la educación concertada exclusivamente como «subsidiario».
En una nota, IU ha señalado que la moción, que defenderá el diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, recuerda que «de acuerdo con el mandato constitucional, corresponde a los poderes públicos la obligación de garantizar el derecho universal a la educación, no solo mediante la correspondiente planificación de la enseñanza, con participación de la comunidad educativa, sino también la de crear centros docentes públicos que permitan hacer efectivo el mencionado derecho».
Por el contrario, según IU, «en modo alguno se contempla en la Constitución, ni en el derecho comparado, la obligación de financiar con fondos públicos la creación o funcionamiento de centros escolares privados, ni mucho menos el pretendido derecho a elegir centro por parte de las familias».
Así, el texto registrado insta a las administraciones públicas con competencia en materia educativa a que «se destinen más recursos al mantenimiento y rehabilitación de los centros educativos», así como que se exija a la Junta que «atienda a las familias y ejecute las inversiones necesarias para que todos los colegios de la provincia estén en condiciones dignas».
De igual forma, la moción que defenderá Ramón Galán, insta a ambos gobiernos a asegurar la extensión de la oferta de las familias de FP en la provincia de Cádiz, «poniendo freno a la progresiva privatización y encarecimiento de estas enseñanzas», así como a garantizar que haya procesos de escolarización «transparentes, democráticos y que cuenten con la participación de los agentes sociales», prestando especial atención a la escolarización de alumnado con necesidades educativas específicas y de compensación educativa, tanto en los centros públicos como en los privados concertados, mientras existan».
Finalmente, ha instado tanto a Estado como a Junta de Andalucía la eliminación del distrito único en aquellas poblaciones donde exista, al entender que «aumenta las desigualdades en los sistemas educativos, al aglutinar en centros a la población por status socioeconómico o por criterios ideológicos afines al ideario del centro, impidiendo el ejercicio, en condiciones de igualdad, del derecho a la educación».