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Mar. Jul 16th, 2024

IU lleva a Diputación la escasez de horas de ayuda a domicilio en Andalucía y las dificultades locales para aplicar los planes de empleo

Denuncia que la Junta aplica el servicio de Dependencia ofreciendo la mitad de lo que estipula la ley estatal para usuarios de Grado I, “una clara discriminación a los andaluces y una burda manera de encubrir recortes”

Izquierda Unida llevará mañana al Pleno de la Diputación de Cádiz la “discriminación” que sufren los usuarios de Grado I del Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía, al contar con menos horas de servicio por parte de la Junta de Andalucía respecto a las que efectivamente estipula la ley estatal de 2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia para este grado.

La diputada provincial de IU Cádiz, Carmen Álvarez, señala que el objeto de la  ley, “según se recoge en su artículo primero, es el de regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia” y recuerda que, “gracias a la financiación adicional que el Gobierno andaluz ha recibido del Gobierno de España, 363 millones de euros provenientes de la Administración General del Estado (AGE), se ha podido anunciar una medida muy esperada como es la contratación de personal técnico y administrativo para la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía, así como a los Ayuntamientos, para reforzar la elaboración de los Planes Individuales de Atención (PIA) y agilizar la concesión de resoluciones definitivas de Dependencia una vez elaborado previamente el PIA”.

Sin embargo, denuncia Álvarez que pese a que la norma estatal contempla para las personas con Grado I de dependencia diagnosticada un máximo de 20 horas de ayuda a domicilio al mes, “lo cierto es que en la Comunidad autónoma de Andalucía, de manera efectiva para la personas dependientes de Grado I sólo se pueden prescribir 10 horas de Ayuda a Domicilio, porque el programa informático por el se que se regula el servicio -la aplicación informática Netgefys- no permite prescribir más de 10 horas de servicio mensual, mientras que al resto de grados sí se les permite prescribir la horquilla recogida en la norma”. La portavoz de IU considera “discriminatorio este trato que reciben en Andalucía los usuarios y familiares del servicio de Ayuda a Domicilio, mientras que en otras comunidades sí se puede llegar al máximo de 20 horas como recoge la ley”. Apunta Álvarez que, “además de una clara discriminación a las andaluzas y andaluces, se trata de un recorte encubierto en los servicios y en las aportaciones que la Junta de Andalucía debe realizar a los ayuntamientos en esta materia, además de una grave intromisión en el trabajo técnico que desarrollan las trabajadoras sociales en materia de elaboración, aplicación y seguimiento de los PIAs”.

En este sentido, la moción de IU insta a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía a modificar la aplicación de gestión Netgefys o a su sustitución para permitir que las profesionales de los servicios sociales puedan prescribir la totalidad de horas posibles para los usuarios de Grado I. Asimismo, pide que se revise de oficio las resoluciones de todos los usuarios y usuarias de Grado I, concediéndole las 20 horas posibles del servicio de ayuda a domicilio, si así lo estiman los profesionales.

Problemas de los ayuntamientos

Por otro lado, el diputado de IU en el grupo Adelante, Hugo Palomares, lleva a la Diputación de Cádiz los problemas que encuentran los ayuntamientos de Andalucía para poner en marcha los diversos planes de empleo puestos en marcha por la Junta de Andalucía, tales como las Iniciativas para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo o la anterior iniciativa AIRE, amplificadas por la necesaria recuperación económica tras la crisis sanitaria por la Covid-19 y canalizando en su financiación fondos europeos en el marco del programa de Recuperación y Resiliencia. Denuncia Palomares que “la gestión de los últimos planes de empleo, encomendada a los municipios, ha arrojado una serie de graves problemas derivados de la insuficiencia de los fondos transferidos para su ejecución, que han quedado en torno a un 40% por debajo del coste real de las contrataciones incluidas en los planes”. Según expone, esta situación “ha provocado ya demandas contra los ayuntamientos por la irregularidad de los contratos, que no se pueden realizar con las cantidades transferidas y cumplir con las bases de contratación del sector ni con los correspondientes convenios exigibles, en primer lugar, castigando a los ayuntamientos que solicitan y realizan los planes convocados, en segundo lugar, e inhibiendo la solicitud de dichos planes por algunos ayuntamientos que constatan la inviabilidad de los mismos, al implicar una aportación municipal imposible por no tener competencias en materia de empleo, por estar sometidos a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, legislación laboral vigente y otras que impiden aumentar el capítulo uno de los presupuestos y por no disponer de ingresos suficientes para acometer la cuantiosa parte que queda descubierta”.

Ante esta situación, el diputado de IU solicita a la Junta que canalice a través de la Diputación Provincial de Cádiz “los fondos necesarios para cubrir las aportaciones de cofinanciación de los planes de empleo”, a la vez que pide a la Diputación de Cádiz que “cofinancie las iniciativas de empleo, asumiendo la parte no cubierta por la Junta de Andalucía y necesaria para adecuar los contratos a las tablas vigentes de cada sector y sus correspondientes convenios, permitiendo así el cumpliendo de la normativa laboral aplicable y exigible en la ejecución de estos planes de empleo”. Finalmente, la moción que defenderá Palomares a través del grupo Adelante insta a la Junta de Andalucía,” que ha restringido el último plan de empleo solo para menores de 30 años, que vuelva a habilitar las modalidades +30 y +45, ampliando así la horquilla de desempleados/as cubiertos/as por las iniciativas de empleo, volviendo a tener en cuenta estas dos franjas de edad, con un énfasis especial a los/as mayores de 45 años, que sufren peor pronóstico ante el paro de larga duración”.

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