La diputada provincial, Carmen Álvarez, afirma que la provincia de Cádiz, “con 17 meses de espera para que un ciudadano obtenga respuesta a su solicitud de valoración de discapacidad”, ocupa los primeros lugares en el ranking de tiempos de espera de la Comunidad
Izquierda Unida va a llevar al Pleno de la Diputación de Cádiz los retrasos que acumulan las valoraciones de lo grados de discapacidad por parte de la Junta de Andalucía. Así, la diputada de IU Cádiz, Carmen Álvarez, afirma que, en la provincia de Cádiz, la respuesta de la administración andaluza a una persona que haya solicitado una valoración de discapacidad “llega hasta los 17 meses, a pesar de contar con dos centros de valoración, uno en Cádiz y otro en Algeciras”.
La portavoz de IU Cádiz en la Diputación indica que “había ya un retraso de 11 meses con anterioridad a la declaración del estado de alarma y la Delegación Territorial apuntaba directamente a la falta de personal como responsable de esta situación” ya añade que “ya a finales de 2020, había 15 meses de demora, reiterando la falta de personal y sumando un retraso agudizado por la pandemia de COVID-19. En mayo de 2021, el retraso era ya de 17 meses”.
Ante esta situación, la moción de IU reclama a la Junta de Andalucía que realice “un análisis pormenorizado de la situación actual y de los retrasos que se están produciendo en las resoluciones de reconocimiento del grado de discapacidad en la provincia de Cádiz” y que se dote del “personal necesario a los Centros de Valoración y Orientación (CVO) de la provincia de Cádiz y actualizar los ratios de población demandante, en relación a los puestos de trabajo existentes para cubrir las necesidades y prioridades reales de las personas que solicitan el reconocimiento del grado de discapacidad”.
Álvarez alude además a un informe reciente del Defensor del Pueblo Andaluz, resultado de una investigación de oficio sobre los tiempos medios de respuesta de la Junta de Andalucía desde que una persona solicita la valoración de discapacidad hasta que recibe la notificación de la resolución. Las conclusiones de este informe apuntan que en los centros de Andalucía existe «un retraso generalizado y estructural en gran parte de ellos”, motivado en su mayoría «por el volumen de la demanda ciudadana y por el desequilibrio existente entre el volumen de trabajo a realizar con el número de personas designadas para estas tareas». Apunta la diputada que “este estudio se lleva a cabo al constatar desde dicho organismo un gran volumen de quejas ciudadanas en cuanto a las esperas de las resoluciones”.
Álvarez entiende que estaría dentro de la normalidad de tiempos de espera para la actuación administrativa “un máximo de ocho o nueve meses de tiempo medio de espera como respuesta a las solicitudes de valoración de la discapacidad, no excediendo en demasía de los seis meses que, con carácter general, marca la norma”. Sin embargo, afirma que “aunque los datos son preocupantes en toda la comunidad, en comparación con el resto de las provincias andaluzas, Cádiz es de las que sufre peores tiempos de respuesta”. Para la diputada, “reducir estos tiempos de espera y cumplir así con las directrices normativas es imprescindible para garantizar que todas las personas puedan vivir dignamente, ya que el reconocimiento de la discapacidad es el mecanismo de protección pública que apoya, a través de beneficios y ventajas sociales, a las personas que presentan limitaciones en determinadas actividades como consecuencia de una condición de salud congénita, hereditaria o adquirida”.
Cabe reseñar que estas valoraciones se realizan en los Centros de Valoración y Orientación (CVO), dependientes de las delegaciones territoriales de la Consejería de Educación y Deporte e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y que son los centros competentes para la valoración del grado de discapacidad, así como para la información, orientación y asesoramiento de las personas con discapacidad y sus familias en materia de recursos sociales. Estos centros también tramitan algunas de las prestaciones a las que da acceso el reconocimiento de un grado de discapacidad igual o superior al 33%.