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IU lleva a los ayuntamientos de la provincia mociones de apoyo al colectivo de gestores telefónicos del 112 y del 061

Por Redacción May 20, 2016 #Cádiz #emergencias

sala-operaciones-112Izquierda Unida está presentando mociones a favor del colectivo de gestores telefónicos de emergencias del 112 y del 061, que mantienen jornadas de protestas y huelga desde hace más de un año ante la explotación laboral a la que denuncian, les somete las empresas adjudicatarias del servicio. La formación política muestra su solidaridad con el colectivo y pretende ejercer presión desde las administraciones locales para lograr que la Junta de Andalucía, responsable de la adjudicación de la gestión telefónica del servicio de emergencias que se presta a la ciudadanía, cumpla con lo aprobado por el Pleno del Parlamento andaluz en relación al rescate público de estos servicios.

Así, la formación política llevará la moción a los municipios donde gobierna –el Pleno de Medina Sidonia la aprobó ayer por unanimidad, en Conil se verá la próxima semana y en Cádiz se ha aprobado recientemente- y ya ha sido aprobada en municipios como San Fernando, Puerto Real, Chiclana, Rota o Jerez; en Algeciras, IU tiene intención de llevar la moción al próximo Pleno municipal. Asimismo, la Dirección Provincial de IU mantendrá en breve un encuentro con el colectivo para trasladarle los acuerdos plenarios donde se está logrando el apoyo y recabar mayor información sobre la situación en que se encuentran.

La moción en concreto recuerda al Gobierno andaluz “la voluntad del Parlamento tras la aprobación de PNL061 y PNL112 e instar a la Junta de Andalucía a que asuma su responsabilidad y rescate el servicio de los gestores telefónicos de emergencias asumiendo a sus plantillas en los plazos acordados -12 de agosto de 2016 para los trabajadores de Arvato Qualytel y 31 de diciembre de 2016 para los de Ilunion Emergencias”. Cabe recordar que la Cámara andaluza aprobó la proposición no de ley sobre el 061 el 22 de diciembre de 2015 y la PNL sobre el 112, el pasado 17 de marzo; ambas, encaminadas a convertir en pública la atención de la gestión de dichos servicios, en los que se incluye el servicio de Salud Responde, inherente al 061.

Por otra parte, la moción contempla “la eliminación de las contratas en la gestión telefónica de los servicios de emergencias públicos del 112, 061 y Salud Responde, por tratarse de servicios esenciales y públicos que deben ser desempeñados directamente por la Administración pública”; “la inmediata readmisión de las trabajadoras despedidas del 061 de Málaga –ayer justo se anunciaba la readmisión de las trabajadora despedida en Cádiz- y la retirada de las sanciones fruto de las reivindicaciones de las plantillas por unas condiciones dignas” y finalmente, exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento de la legalidad vigente, en lo referido a “la puesta en marcha de las acreditaciones profesionales para el colectivo de teleoperación de emergencias, norma legal que data de noviembre de 2011 y que hasta la fecha no se ha impulsado por la Junta de Andalucía”.

La lucha del colectivo de gestores telefónicos comenzó en el año 2004, momento en que tuvieron lugar las primeras protestas, obteniendo en 2008 el apoyo del Defensor del Pueblo andaluz sobre la reivindicación de que este servicio fuera gestionado desde lo público. Sin embargo, fue hace poco más de un año, con el recrudecimiento de la crisis, cuando el colectivo intensificó sus protestas, acompañadas de jornadas de huelga. Así, denuncian, la “extrema conflictividad” que se vive en los centros de emergencia generada por el endurecimiento de las condiciones laborales de sus trabajadores “para incrementar sus ya de por si elevados beneficios”, las sanciones indiscriminadas, la no aplicación del convenio colectivo y condiciones que merman su desempeño como gestores telefónicos de emergencias e impiden la conciliación de la vida laboral y familiar, al no ser respetados los tiempos legales de descanso y siendo objeto de continuos cambios de turnos sin cadencia. A esto se une, según apuntan, la sanción e incluso despidos a quienes se atreven a cuestionar estas prácticas.

IU entiende que “no se puede mirar para otro y permanecer como meros espectadores, siendo los gestores de emergencias el primer eslabón de la cadena de los servicios de emergencias”, por lo que confía en que la Junta de Andalucía, que “ya tiene conocimiento de esta situación, abandone la pasividad demostrada hasta ahora”.

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