Izquierda Unida llevará al Pleno provincial de la Diputación de Cádiz del próximo miércoles la situación delicada que atraviesan las pensiones en España y las dudas sobre la garantía de pensiones dignas en un futuro. Así, el diputado provincial de IU, Antonio Alba, solicitará el apoyo del Pleno a una moción en la que se insta al Gobierno a una serie de medidas que tienen como único objetivo dar un vuelco a esta situación, de cara a lograr una Seguridad Social con la que se permita “asegurar unas pensiones dignas actualizadas con arreglo al IPC anual y por otra parte, garantizar unos Servicios Sociales de calidad, asegurando un Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia público y de calidad”.
Así, el portavoz de IU plantea por un lado, la derogación de las dos reformas laborales –de 2010 y de 2012-, “debido a que sus consecuencias nefastas para la calidad del empleo ponen en riesgo la sostenibilidad y el futuro de las pensiones”, y por otro, la derogación de la Reforma de las Pensiones aprobada por la Ley 23/2013 Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones, “para seguir garantizando una pensión digna que suba anualmente lo mismo que el IPC”.
Asimismo, IU pide que establezca “por ley que las pensiones no puedan estar, en ningún caso, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional; proponemos la revalorización de la pensión mínima en los siguientes términos: la pensión de jubilación personal o con cónyuge no a cargo será equivalente al SMI anual, la pensión de jubilación con cónyuge a cargo será equivalente al 110% del SMI anual”. Finalmente, la moción insta al Gobierno central a “que se prohíba por ley la libre disposición del Fondo de Reserva de las Pensiones para situaciones de déficit de cotizaciones y a buscar vías de financiación directas desde los Presupuestos Generales del Estado mientras se sigua produciendo el déficit por cotizaciones”.
Antonio Alba sitúa a las reformas labores del Gobierno de Zapatero en 2010 y posteriormente del Gobierno de Rajoy en 2012, entre las grandes causantes de la situación actual de las pensiones. A su juicio, dichas reformas trajeron como consecuencia “altos niveles de paro, bajos salarios, precariedad laboral masiva y contratación abusiva”, lo que a su vez contribuyó en “déficit de la Seguridad Social: las cotizaciones no cubren los gastos y el Gobierno ha recurrido de manera sistemática a vaciar el denominado Fondo de Reserva de las Pensiones”.
Apunta el portavoz de IU que la disminución de los ingresos por cotizaciones es una consecuencia lógica de la disminución de cotizaciones por las altas tasas de desempleo, de las mayores de Europa, y a la baja calidad de los que se crean; “es obvio que la baja calidad del empleo con salarios bajos produce bajas cotizaciones”. Y cita otro factor que contribuye decisivamente a esta tendencia negativa, como es “la alta tasa de temporalidad, ligada principalmente al sector servicios y a otros sectores como la agricultura, que no se escapan a este tipo de contratación”.
Apunta además, Alba otras medidas del Gobierno en forma de “ventajas” al empresariado y a los emprendedores, tales como bonificaciones, tarifas planas, etc. que han contribuido a la bajada de ingresos en la Seguridad Social y que “se venden políticamente como ayudas a la contratación pero que también salen de la hucha de las pensiones”. “Unas medidas que se tomaban paradójicamente –critica- a la vez que se aprobaba unilateralmente la Ley 23/2013 Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones, es decir acordando que las pensiones podían subir menos que el IPC anual y haciendo saltar por los aires el propio Pacto de Toledo”.
La realidad, según el diputado de IU, es que el Fondo de Reserva de las Pensiones superaba los 66.815 millones de euros en el 2011 como consecuencia del superávit de la Seguridad Social y en 2016, esta cifra ha bajado a los 24.207 millones. Asimismo, denuncia el portavoz de IU que, “actualmente, de las 9.417.724 pensiones, el 50% está por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y el 70 % está por debajo de los 1.000 euros”. Para Alba, esta situación “pone claramente en riesgo la calidad y el futuro mismo de estas prestaciones” y responde a “una estrategia que conecta con la visión neoliberal de las pensiones como unas prestaciones que deben asegurarse los trabajadores y trabajadoras acudiendo a las entidades privadas (bancos y aseguradoras) que ven en ello un gigantesco negocio de futuro”.