IU lleva a Diputación la desigualdad entre trabajadores de administraciones locales y el resto de servicios públicos

Izquierda Unida defenderá mañana en el Pleno de la Diputación Provincial una moción en la que reclama la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 de una serie de medidas orientadas a paliar los graves niveles de desigualdad que sufren los trabajadores y trabajadoras de las administraciones locales y del conjunto de servicios públicos y la asfixia de las administraciones locales para poder generar empleo de calidad y dar servicio al ciudadano. La moción que defenderá mañana el portavoz de IU en la Diputación, Antonio Alba, se hace eco de la iniciativa promovida por Comisiones Obreras y que muestra el rechazo al Proyecto de ley General de Presupuestos 2018 “por atentar contra la autonomía local y eleva al Gobierno central la propuesta de exigir una negociación con los agentes sociales y la FEMP” para resolver esta situación.

Así, la moción de IU reclama que los PGE contemplen “una correcta financiación de la administración local, que nos garantice el acceso universal a unos servicios de calidad e igualdad de oportunidades”, para lo que defiende como necesaria “una reforma fiscal progresiva”. Propone además, el refuerzo de los servicios públicos, como “enseñanza, servicios sociales y dependencia, suministro de agua, atención al público, I+D+I, entre otros, que permita una mejora de la calidad de vida, la cohesión social, dinamizar la economía local y generar empleo”.

Asimismo, entre las medidas a incluir en los PGE, se incluye “una modificación de las limitaciones en las prioridades de gasto e inversión de sus presupuestos, en las administraciones locales, respetando la autonomía de cada administración”, junto a la “eliminación de las limitaciones a la creación de empleo público en las administraciones locales”. En esta línea, se defiende la eliminación de la tasa de reposición y la autorización a nuevas ofertas de empleo público, así como un plan de ofertas extraordinarias de empleo en un tiempo determinado para recuperar los empleos perdidos desde 2012.

De manera paralela, la moción solicita que se incluya en estos PGE el desarrollo del Estatuto del Empleado Público y que se permita una negociación colectiva real en cada administración con sus empleados públicos, “disponiendo de la dotación presupuestaria para devolver las cantidades salariales sustraídas a los empleados públicos, así como otras condiciones laborales arrebatadas”. Finalmente, se reclaman “cláusulas sociales obligatorias en la contratación pública que garanticen la eficiencia y transparencia del servicio, así como el empleo, las condiciones laborales y la subrogación de los trabajadores”.

El diputado provincial de IU Cádiz, Antonio Alba, afirma que la crisis económica iniciada en 2007 ha “aumentado gravemente estos niveles de desigualdad entre las personas, poniendo en peligro la convivencia y cohesión social” y añade que “los servicios públicos se han visto recortados y desbordados para cubrir las necesidades y derechos de la ciudadanía”. Junto a ello, denuncia que los trabajadores y trabajadoras de la administración local y del conjunto de servicios públicos han sufrido bajadas salariales, aumentos de jornada y carga de trabajo, además de tener prohibida de facto la negociación colectiva, por los sucesivos reales decretos”.

Alba critica que en la administración local “no se está creando empleo sino todo lo contrario” y apunta que “la calidad del empleo está siendo insuficiente para los servicios necesarios que requiere la ciudadanía, ahora que las familias tienen más necesidad de ayudas”.

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