La formación política ha elaborado una ambiciosa ofensiva en materia de empleo en la que pide un giro total en las políticas de apoyo al empleo del Gobierno andaluz
Izquierda Unida ha lanzado una ofensiva a través de la Diputación Provincial de Cádiz y los ayuntamientos de toda la provincia donde tiene representación en demanda de planes de empleo por parte de la Junta de Andalucía y de una política de refuerzo al sector industrial, con especial énfasis al empleo juvenil.
Así, la formación política defenderá en los plenos municipales, así como en el próximo pleno de la Diputación, una moción en la que insta al Gobierno andaluz a poner en marcha “una Estrategia Andaluza por la Diversificación e Industrialización de Andalucía, consignando el 50% de los fondos REACT-EU (940 millones de euros) a ello e impulsando proyectos estratégicos en ese sentido para el conjunto de la estrategia de Recuperación y Resiliencia”.
Asimismo, la moción que defenderá IU en todas las instituciones de la provincia plantea la aprobación inmediata de un Programa de Empleo Juvenil dotado con 250 millones de euros, “con medidas directas y transversales en cada una de las políticas activas de empleo a desarrollar con el objetivo de reducir en un año a la mitad el desempleo juvenil en Andalucía”. La portavoz de IU en la Diputación de Cádiz, la diputada provincial, Carmen Álvarez, que ya ha registrado esta moción de IU para el pleno provincial del mes de mayo, apunta que “este plan necesario para toda Andalucía se hace indispensable en la provincia de Cádiz, donde la EPA del primer trimestre del año nos dejó el segundo peor dato de desempleo de todo el país, un 27% de desempleo, once puntos más que la media estatal y sólo superada por Ceuta, por lo que la Junta de Andalucía tiene que ser consciente de esta situación y actuar en consecuencia”.
De manera paralela, IU pide la puesta en marcha urgente del “prometido Plan de Empleo a través de los ayuntamientos para los años 2021 y 2022, consignado con 391 millones de euros para este año y 278 millones para 2022, incorporando las mejoras planteadas por la FAMP, principalmente la relativa a articular las ayudas a los salarios según los convenios municipales”.
De igual forma, IU propone “la activación urgente de un programa de empleo a través de incentivos directos a empresas, principalmente a Pymes y autónomos, para la contratación de personas desempleadas con obligación de mantenimiento del empleo al menos durante dos años” y pide, además, al Gobierno andaluz que publique de manera urgente la convocatoria de ayudas directas a Pymes y autónomos para el mantenimiento de la actividad empresarial, y por ende, del empleo impulsado por el Gobierno de España, “complementándola con los recursos de los que la Junta de Andalucía dispone para aumentar los sectores beneficiarios y la cuantía de las ayudas”.
El mantenimiento del complemento autonómico para los ERTEs a trabajadores y trabajadoras con salarios más bajos mientras la situación actual persista es otro de los puntos que defenderá IU, junto a otros como: un Programa de Transición al Empleo destinado a la generación de empleo, sobre todo en entidades locales de menos de 20.000 habitantes; promover una mesa permanente con agentes sociales y económicos para realizar el seguimiento exhaustivo y articular medidas en los expedientes de reducción de plantillas en las empresas andaluzas; definir y aprobar un Plan por la Calidad del Empleo en Andalucía, “como herramienta frente a la precariedad y la siniestralidad laboral”, y finalmente, pide al Gobierno andaluz que revise la política de empleo público andaluz, de cara a impulsar medidas para “el rescate y la gestión directa de servicios públicos esenciales, garantizando la fijeza del funcionariado interino que se encuentre en fraude de ley por abuso de temporalidad, así como cumplir con los compromisos adquiridos en cuanto al impulso de ofertas de empleo público que sean garante de estabilidad y calidad”.
Por último, la moción que IU defenderá en Diputación y ayuntamientos insta al Gobierno de España al “impulso de una estrategia estatal por la defensa, recuperación y mejora del empleo público, impulsando los cambios legislativos necesarios”.