La diputada provincial, Carmen Álvarez, ha pedido al PSOE que interceda ante el Instituto Social de la Marina para comprobar la vida laboral de los marineros que naufragaron hace 50 años
Izquierda Unida ha mostrado hoy satisfacción por el respaldo unánime del Pleno de la Diputación de Cádiz a la moción de IU en la que se solicitaba el reconocimiento institucional a los marineros gaditanos del barco Domenech de Varo, procedentes de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María y Barbate, y que naufragaron frente a la costa de Arrecife, en Lanzarote el 6 de febrero de 1973. Concretamente, la moción defendida por IU y aprobada por unanimidad, insta a la Diputación de Cádiz a “destinar una partida económica para sufragar parte de los gastos de las pruebas de exhumación, pruebas de ADN, así como traslado de los restos mortales a cada uno de los municipios de origen de los marineros que ronda según la asociación en unos 15.000 euros”.
Según ha recordado hoy la diputada provincial de IU Cádiz, Carmen Álvarez, en el barco que salió de El Puerto viajaban 12 tripulantes, dos de ellos, el patrón del barco y un marinero -Vicente Pérez y José Manga, respectivamente-, sobrevivieron. De los 10 restantes, tres fueron encontrados, identificados y enterrados en el cementerio de San Román en Arrecife -José Bernal Ramírez, primer mecánico, Antonio Rodríguez Zaragoza, marinero y del contramaestre, Manuel Valiente-. De los siete restantes, nada se supo -Julio Pose Canto, Jaime Roselló Zaragoza, Tomás Ladrón de Guevara Rodríguez, Juan Rodríguez Coronel, Manuel Oliva Barber, José Rivero Cortés y José Antonio López Gallardo; únicamente se ha sabido de la existencia de cinco lápidas sin nombre, con restos de cuerpos procedentes del naufragio y que descansan en el mismo cementerio. Un hallazgo al que llegó el hijo de unos de los marineros desaparecidos -Francisco Roselló, hijo de Jaime Roselló-, a través de la Asociación Social y Cultural por la Memoria Histórica Pesquera de Lanzarote y que, a su vez, ha servido para que los familiares de los marineros desaparecidos entren en contacto y se organicen en la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Domenech de Varo. Hoy, el presidente de la Asociación, José Manuel Pose, invitado por la diputada de IU, ha asistido a la sesión plenaria donde se ha obtenido el respaldo unánime del Pleno.
Izquierda Unida ha aceptado, además, la enmienda presentada por el PSOE, por la que se insta a la Junta de Andalucía y al Estado a destinar una partida económica para sufragar los gastos de las pruebas de exhumación, pruebas de ADN y el traslado de los restos mortales a cada uno de los municipios de origen de los marineros. Además, la diputada provincial de IU, Carmen Álvarez, ha aprovechado su intervención para solicitar al PSOE que interceda ante el Instituto Social de la Marina, “única institución que un poco le ha cerrado la puerta a esta Asociación, porque ellos quieren saber si los marineros estaban dados de alta, teniendo cuenta que este tema ya está prescrito, han pasado 50 años, pero quieren tener la vida laboral de los marineros”.
Para la portavoz de Izquierda Unida, se trata de un acto de “justicia social” por parte de las administraciones y una manera de “honrar la memoria y descanso de nuestros marineros ahogados en el mar”, por lo que ha agradecido el respaldo mayoritario y la voluntad demostrada ya por la Junta de Andalucía y por la Diputación de Cádiz para contribuir económicamente en la causa.
Respaldo a la plantilla de Ametel
El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz ha dejado también el apoyo unánime a la moción de Izquierda Unida por la que la Diputación ha expresado su “apoyo y solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de la empresa AMETEL y sus justas reivindicaciones” y por la que se ha instado a Endesa, “en su condición de adjudicataria de contratos y servicios públicos a lo largo y ancho del Estado, a fiscalizar las condiciones laborales en las que se prestan los servicios que subcontrata y velar porque estas cumplan, como corresponde, con el Estatuto de los Trabajadores, los respectivos convenios colectivos y demás normativa en materia de derechos laborales”.
Asimismo, se ha instado al Gobierno de España, la Junta y al resto de administraciones públicas a “no suscribir contratos con multinacionales que no garanticen un escrupuloso respeto, tanto éstas como las subcontratas con las que puedan trabajar, al Estatuto de los Trabajadores, los respectivos convenios colectivos y demás normativa en materia de derechos laborales” y a “incluir cláusulas que permitan la resolución de los contratos que puedan suscribir con cualquier empresa privada en caso de constatarse algún abuso o incumplimiento del Estatuto de los Trabajadores, los respectivos convenios colectivos y demás normativa en materia de derechos laborales”.