Izquierda Unida defenderá el próximo miércoles en el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz una moción registrada de manera conjunta con Ganemos Jerez y Por Cádiz Sí Se Puede en la que se insta a la Junta de Andalucía a modificar la normativa relativa a los programas Emple@Joven y Emple@30+ de cara a que el abono de los salarios de las personas contratadas con cargo a los mismos “se efectuará de acuerdo al convenio colectivo del personal laboral de cada ayuntamiento, adecuando la duración del contrato o la jornada laboral de los trabajadores a esas retribuciones, sin sobrepasar el importe máximo de la subvención concedida por la Junta de Andalucía, dada la imposibilidad de la cofinanciación municipal. Asimismo, la moción contempla que en caso de aceptarse esta premisa, se propone a la Junta de Andalucía que “asuma aumentar las partidas presupuestarias para la adecuación de las condiciones laborales de los ayuntamientos, para que esto no suponga una merma ni en la duración de la jornada laboral ni en la duración de los contratos”.
El diputado provincial de IU, Antonio Alba, considera que “es de justicia” que la Junta de Andalucía “cumpla con los ayuntamientos y asuma el sobrecoste que le supone adecuar los contratos que se realizan bajo estos programas a los propios convenios colectivos municipales; lo contrario es obligar al Ayuntamiento o bien a incurrir en un desagravio hacia estos trabajadores u obligar a los ayuntamientos a pagar un programa que es de la Junta pero que no ha tenido en cuenta el cumplimiento de los convenios colectivos”. Para Alba, es “un despropósito” que la Junta no asuma este sobrecoste que se deriva de que “la Junta paga menos de lo que debiera”.
Alba afirma que “por todos es conocido los numerosos problemas que ha acarreado a todos los ayuntamientos la pasada edición de estos programas, principalmente por los retrasos por parte de la Junta en el pago a los consistorios”. Así, explica la moción que la convocatoria actual lleva implícitas sendas modificaciones sustanciales respecto a decretos y convocatorias anteriores que vienen a quebrantar seriamente las haciendas locales en el supuesto de implementar estos planes; “estas modificaciones, junto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 2 de junio de 2016 que obliga a la aplicación del convenio colectivo del ayuntamiento, suponen una cofinanciación cercana y en determinados trabajos superior al 55% del cómputo total del programa y que debe ser asumida por parte de los ayuntamientos, ya que en función del grupo de cotización del contrato, la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía solo subvenciona una cuantía variable entre los 1.300 €/mes para los grupos 4 a 10, y los 1.700€/mes para el grupo 1, cuando el gasto total mensual es superior al doble de la cuantía asignada”
El diputado de IU recuerda asimismo, que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, “incumplió el compromiso adoptado en el Parlamento andaluz de adelantar el 100% de los planes actuales, lo que también ha incumplido, puesto que únicamente se ha adelantado el 50% a estas alturas, volviendo a repercutir de nuevo sobre las maltrechas haciendas locales lo que corresponde al Gobierno andaluz”.
La moción conjunta explica que las consecuencias de la Sentencia nº 949/2016 suponen un grave problema a los ayuntamientos que quieren poner en marcha estos planes debido por un lado, a las restricciones impuestas por la nueva Ley de Bases de Régimen Local, “al no contemplar ni como competencias propias ni delegadas de los municipios las del fomento del empleo, por lo que asumir la diferencia de salario entre las contrataciones de la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria (ICS) y los convenios colectivos no les estaría permitido aunque dispusiesen de los recursos necesarios para ello”; y por otro, “debido a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda fijados mediante la Ley Orgánica aprobada en 2012 por el PSOE y el PP, ya que para la mayoría de los ayuntamientos, asumir la diferencia de salario entre el importe subvencionado y el fijado mediante su convenio colectivo supondría incumplir el déficit impuesto”.