IU pedirá explicaciones por la gestión de la finca El Madrugador en Diputación
La formación preguntará a la presidenta de la Diputación de Cádiz por el decreto que cede la gestión de la finca El Madrugador al alcalde de El Puerto y vicepresidente provincial, Germán Beardo, y denuncia un cambio de criterio en la gestión del recinto.

Izquierda Unida preguntará en la Diputación de Cádiz por el decreto firmado por la presidenta de la institución provincial, Almudena Martínez del Junco, que cede la gestión de la finca El Madrugador, ubicada en El Puerto de Santa María, al alcalde del municipio y vicepresidente cuarto de la Diputación, Germán Beardo.
La formación ha anunciado que solicitará explicaciones sobre este cambio en la gestión de la finca El Madrugador, un espacio de titularidad provincial situado en el término portuense. Según IU, el decreto supone una modificación en el modelo que se venía aplicando hasta ahora, por lo que considera necesario aclarar los motivos y el alcance de la decisión.
El grupo provincial de IU ha avanzado que trasladará esta cuestión a los órganos correspondientes de la Diputación para que la presidenta detalle las razones del traspaso de competencias y las condiciones en las que se ha acordado la cesión de la gestión al Ayuntamiento de El Puerto, cuyo alcalde ostenta además una de las vicepresidencias de la institución provincial.
La formación también ha cuestionado la postura del PSOE en este asunto y ha hablado de “complicidad” con el Partido Popular en relación con esta decisión. IU sostiene que el cambio respecto a la gestión de la finca El Madrugador debe ser objeto de debate público y de control político en el seno de la Diputación.
El Madrugador es una finca provincial situada en El Puerto de Santa María que ha sido utilizada para la celebración de actividades y eventos. La gestión del recinto ha dependido hasta ahora directamente de la Diputación de Cádiz, según señala IU, que considera relevante conocer qué implicaciones administrativas y económicas tendrá el nuevo decreto.
En su anuncio, la formación no detalla el contenido íntegro del decreto ni las condiciones concretas de la cesión, aunque centra su crítica en el hecho de que la responsabilidad pase a recaer en el alcalde del municipio donde se ubica la finca, que además forma parte del equipo de gobierno de la Diputación.
IU ha indicado que su iniciativa busca que la presidenta provincial dé explicaciones públicas sobre el cambio y aclare si se trata de una cesión temporal o permanente, así como los criterios que han motivado la decisión. La formación entiende que, tratándose de un bien provincial, cualquier modificación en la gestión debe estar debidamente justificada y ser transparente.





