Izquierda Unida solicitará a la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, que propicie una reunión a la que asistan los alcaldes de los municipios afectados por la llegada masiva de inmigrantes y que cuente además, con la presencia del delegado del Gobierno andaluz en Cádiz y del subdelegado del Gobierno central. Según señala el portavoz de IU en la Diputación, el diputado provincial, Antonio Alba, el objetivo es “que, tanto desde la administración andaluza como desde la estatal, se ofrezca a la provincia y, de manera especial, a los responsables locales, toda la información posible sobre recursos y vías de ayuda con las que pueden contar ante la llegada continua de personas de otros países que necesitan acogida y auxilio”.
Alba critica la incapacidad a la que se enfrentan los ayuntamientos de municipios receptores de inmigrantes, que “no cuentan con recursos para hacer frente a esta difícil situación, en muchos casos con menores de por medio, y sobre todo, para proporcionar un trato digno a estas personas que no vienen precisamente de vacaciones”. En este sentido, el diputado provincial planteará en el Pleno de la próxima semana que sea la Diputación Provincial la que sirva de órgano mediador para facilitar el encuentro y la coordinación de este fenómeno.
La iniciativa de IU se enmarca en la presentación de una extensa proposición sobre “el establecimiento de vías legales y seguras de acceso a nuestro país y a la Unión Europea y al ejercicio de la libertad de circulación” de todos los ciudadanos. Así, la moción que defenderá Alba solicita al Pleno que el máximo órgano provincial “se comprometa en la defensa y apoyo político a las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo y rechaza las actuales políticas europeas de criminalización de las mismas”, a la vez que plantea que se incentive “la inclusión, el apoyo estable y a largo plazo a estas ONGs desde la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID), así como a las entidades defensoras de los derechos humanos”. De igual forma, IU pide al Pleno que se posicione “a favor del establecimiento de vías legales y seguras” y constata que “la llegada de menores no acompañados no debiera circunscribirse a las competencias adscritas al sistema de atención a la infancia y la adolescencia, siendo necesaria una actuación global, en el marco de las realidades migratorias actuales”.
Por otra parte, la moción incluye un paquete de medidas dirigidas tanto al Gobierno andaluz como a la Administración central en materia de inmigración. Respecto a la Junta de Andalucía, IU propone la creación de un programa de acogida para menores no acompañados (MENA), identificar el número de plazas y servicios para menores extranjeros y ex-tutelados que se pueden ofrecer actualmente, prever medios para garantizar a medio plazo la acogida integral ante la llegada de menores a nuestra costas, incrementar los programas de concienciación entre la ciudadanía ante el fenómeno de la inmigración, reclamar corredores humanitarios en las situaciones de crisis o guerra, habilitar un turno de letrados y letradas de guardia específico de extranjería y diferenciado del turno penal y aumentar la plantilla de los centros de menores tutelados, actualmente “desbordados y que tiene encomendada la atención de una cantidad de niños y niñas que en algunos casos llega a triplicar la capacidad de los centros”.
Respecto a las demandas al Gobierno central, se plantea flexibilizar los criterios para agilizar los procesos de reunificación familiar, reclamar el cumplimiento urgente de sus compromisos con la UE de reasentamiento y reubicación, “flagrantemente incumplidos”. Asimismo, la proposición de IU reclama el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y Centros de Acogida Temporal, junto a la dignificación de las instalaciones de primera acogida en los puertos andaluces y el fin a las “devoluciones en caliente y otras prácticas que vulneran los derechos humanos en la frontera sur, como la instalación de concertinas en las fronteras de Ceuta y Melilla”.
Plantea IU, entre el resto de medidas, la creación de una Comisión Interautonómica específica sobre infancia migrante no acompañada como órgano permanente de coordinación entre los servicios de Infancia de las comunidades autónomas y la Administración del Estado, así como que se dote de financiación extraordinaria y urgente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, de cara a “desplegar un eficaz sistema de atención y protección de los menores no acompañados”.
Además, entre las numerosas iniciativas, se propone la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para prohibir la práctica de las “devoluciones en caliente, introducida en 2015”, la reforma del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, que incluya a todos los que llegan a España, con independencia de las dudas sobre su edad y la modificación de la Ley del Menor, para que “garantice que las pruebas de determinación de la edad se aplique como último recurso y nunca cuando el niño o niña tenga un documento que acredite su minoría de edad”.