La portavoz de IU y diputada provincial, Carmen Álvarez, exige al equipo de Gobierno que explique a los vecinos/as a qué se deben las obras que está realizando Aqualia y a qué se corresponde el pago de 800 euros
La portavoz de IU y diputada provincial, Carmen Álvarez, denuncia la dura situación que están sufriendo unos vecinos/as de Sanlúcar a los que Aqualia ha comunicado el corte del suministro de agua.
En concreto, Aqualia exige a los residentes de la calle padre González Carmona el abono de unos 800 euros aproximadamente para continuar con el servicio. La empresa ha enviado cartas a los usuarios/as en la que solicita textualmente, en un “Documento de reconocimiento de deuda” el compromiso a abonar un importe aproximado de 800 euros en varios plazos que vencerían en mayo de 2022, en concepto de ‘presupuesto de acometida de abastecimiento del suministro’. En la carta emitida por Aqualia se especifica que “en caso de que no se satisfaga alguno de los plazos indicados, se procederá al corte de suministro”. Aqualia justifica esta actuación asegurando que había un problema de salidero, algo que los vecinos/as aseguran que no es cierto.
Por ello, desde IU exige a Víctor Mora que solicite a Aqualia ese documento oficial y el parte de trabajo que justifique que realmente había dicha deficiencia, así como la factura desglosada y por concepto, de los trabajos que Aqualía está llevando a cabo en la calle. Además, hay que tener en cuenta que los vecinos estarían abonando un derecho de acometida que ya habían abonado en su día al formalizar el contrato.
Álvarez deja claro que esto es un auténtico despropósito y exige al alcalde que “fiscalice de una vez por todas las actuaciones y gestiones que lleva a cabo la multinacional”. Además, la edil lamenta “esta supuesta coacción que están sufriendo los vecinos/as, ya que si no abonaban estos 800 euros aproximados, les cortaban el agua, por lo que no han tenido más remedio que proceder al pago de las cantidades, para no quedarse sin suministro, no habiéndoles proporcionado las facturas desglosadas y por concepto”.
Álvarez considera que “el equipo de Gobierno PSOE-Cs, responsable de privatizar los servicios básicos en la ciudad, como es el suministro de agua o el transporte urbano, el tanatorio y la piscina, debe asumir las consecuencias de este despropósito y debe actuar con una absoluta transparencia de cara a los vecinos y grupos políticos, cuando exigimos documentos por registro general, al ser la concesión de un servicio público”.
La portavoz ha estado con los afectados/as que han dejado claro “la situación de indefensión en la que se encuentran” y reprocha al equipo de Gobierno que permita estas situaciones, demostrando “la poca empatía que tienen y las pocas ganas de gobernar una ciudad, sin vigilar las concesionarias”.
Finalmente, la edil ha dejado claro que va a poner toda esta situación en manos de los servicios jurídicos de IU, para poder estudiar bien el asunto, para determinar si realmente se ha producido alguna ilegalidad en todos estos procedimientos.