El diputado provincial de Izquierda Unida, Antonio Alba, defenderá en el Pleno de la Diputación de la próxima semana la puesta en marcha de un programa de subvenciones a cargo de la institución provincial por el que se cubra al menos la mitad del coste de las obras de reforma necesarias para adaptar la vivienda de personas con escasos recursos a la movilidad de personas mayores o que sufran algún tipo de discapacidad o movilidad reducida.
En virtud del Art. 47 de la Constitución, que establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”, el diputado señala que la moción que presenta IU está pensada para que “dentro del programa amplio de Ayudas Sociales que desde esta Diputación ya viene desarrollando, se incluya un apartado para ayudar a las familias gaditanas con bajos recursos y que en su núcleo familiar tengan personas jubiladas, personas con discapacidad o con movilidad reducida para adaptar sus viviendas a sus necesidades”.
El diputado de IU argumenta que “en una sociedad cada vez más envejecida, a lo que hay que sumar los recortes en la Ley de la Dependencia y un empobrecimiento generalizado de las clases populares, hace que muchas familias no puedan afrontar gastos extras, aunque sean necesarios”. Indica además, que “las viviendas gaditanas, sobre todo en zonas rurales, por las características arquitectónicas de nuestros pueblos, precisan de reformas, sobre todo en los cuartos de baño, para facilitar una autonomía para nuestros mayores así como para personas con discapacidad o con movilidad reducida”.
La propuesta de IU propone que se establezca una convocatoria abierta durante todo el año para subvencionar el 50% del gasto total de la reforma de adaptación, hasta un máximo de 3.000€ para obras que contemplen iniciativas para una adecuación eficaz de la vivienda a las necesidades de la persona solicitante. Los destinatarios de estas ayudas serían familias que vivan en municipios menores de 50.000 habitantes, cuyo núcleo familiar disponga de unos ingresos por debajo de dos veces el IPREM y que al menos una persona que compone el núcleo familiar sea jubilado, persona con discapacidad o con movilidad reducida, contando para ello con los informes pertinentes de los Servicios Sociales comunitarios.
Asimismo y con objeto de hacer que los ayuntamientos colaboren con este programa, IU propone la adhesión de los municipios a una especie de Red de Municipios de Viviendas Adaptadas, a través de la cual sea condición indispensable que cada ayuntamiento adherido declare como exentas del pago de licencia de obras las actuaciones que se lleven a cabo bajo estos parámetros de eliminación de barreras a la movilidad.
De manera paralela, Alba plantea que se establezca una mesa de trabajo formada por todos los grupos políticos de la Diputación y un equipo técnico para llevar a cabo el desarrollo de dicho programa.