IU Andalucía está ultimando el texto de denuncia con el que quiere poner en conocimiento de Fiscalía que la empresa privada Clínicas Pascual ha obtenido un “beneficio ilícito” de más de 164 millones de euros, según ha determinado el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en el informe emitido el pasado mes de marzo. Para la formación de izquierdas, estamos ante un hecho que “podría ser constitutivo de un delito de apropiación indebida” por parte de esta empresa sanitaria privada con la que la Junta de Andalucía mantiene conciertos, principalmente en la provincia de Cádiz.
Según ha adelantado IU Andalucía en un comunicado, los servicios jurídicos de la formación están ultimando el texto con el que van a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal que puede existir un “posible delito penal” cometido por Clínicas Pascual, tal y como se desprende del informe de Competencia en el que impone dos sanciones a la empresa privada sanitaria por un importe total de 5,33 millones de euros (2.665.132 euros cada una) por «conductas anticompetitivas», ya que durante tres años y medio «aplicó precios abusivos» por los servicios que prestaba al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en las provincias de Cádiz y Huelva.
Así, IU señala que, más allá de la infracción administrativa, “hay indicios suficientes para determinar que se ha podido cometer un posible delito de apropiación indebida” y por ello pedirá a Fiscalía que investigue “si ha existido ilícito penal” y “sin perjuicio de otros delitos que, durante el procedimiento, se puedan determinar”.
La formación señala que es “responsabilidad y obligación” de IU poner este hecho en conocimiento del órgano competente ante la “inacción” de la Junta de Andalucía que, “lejos de exigir responsabilidades, opta por renovar los conciertos sanitarios con esta empresa”.
Cabe recordar que el pasado 12 de abril, el portavoz parlamentario de IU Andalucía, Antonio Maíllo, elevó a la sesión de control del Parlamento a la presidenta de la Junta las conclusiones del informe del Consejo de Defensa de la Competencia del 2 de marzo de 2018 en el que determina el beneficio ilícito de 164 millones de euros por parte de Pascual.
El portavoz parlamentario de IU afirmó que con ese dinero público, del que se ha apropiado indebidamente Pascual, podrían haberse construido tres hospitales que evitarían que la Junta establezca estos conciertos sanitarios.
Maíllo lamentó que 260 mil andaluces y andaluzas, principalmente en la provincia de Cádiz, están sometidos a un régimen de monopolio de la empresa privada Pascual. Además, criticó que la Junta de Andalucía haya vuelto a firmar un nuevo concierto con quien se ha apropiado ilícitamente de 164 millones de euros públicos, “aprovechándose de una situación de abuso de posición, de un abuso de facturas que estaban fuera de convenio y de un chantaje a la Junta para concertar si se ampliaba determinados servicios complementarios”.