El fabricante aeronáutico europeo ha anunciado que dejará en la calle a 12.600 trabajadores de sus plantas de España, Alemania y Francia
Los eurodiputados de Izquierda Unida Sira Rego y Manu Pineda, junto al parlamentario francés Manuel Bompard (France Insoumise) y la alemana Cornelia Ernst (Die Linke) han pedido este martes a la Comisión Europea que actúe para frenar los 12.600 despidos anunciados por Airbus en sus plantas de España, Francia y Alemania.
En una pregunta parlamentaria, señalan que una empresa que ha recibido inyecciones millonarias de dinero público, ya sea de la propia Comisión o de Estados como Francia -que el pasado mes de junio anunció un paquete de ayudas de 3.500 millones de euros para Airbus-, no debería poder permitirse el prescindir de gran parte de su plantilla en Europa.
Los despidos afectan a 1.600 trabajadores en España, 5.000 en Francia y 6.000 en Alemania y la compañía los enmarca en la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19. Este martes, las plantillas de Madrid, Toledo, Sevilla, Cádiz y Albacete participan en una huelga convocada por los sindicatos.
Los eurodiputados explican en su pregunta que “el sector aeronáutico tiene una importancia estratégica para la Unión Europea” y que, en un momento de confrontación comercial como la que mantienen EEUU y China, debería considerarse “una parte fundamental de la soberanía industrial” de la Unión.
Por otro lado, mientras los despidos amenazan a trabajadores de tres de las cuatro economías más importantes del Euro, la empresa hizo público ayer que trabaja en tres prototipos de aeronaves impulsados por hidrógeno. Unos prototipos que los representantes de los trabajadores ven clave para el mantenimiento del empleo en las plantas europeas y que, además, pueden ser fundamentales para contribuir a la descarbonización que marcan los objetivos climáticos que se ha propuesto la propia UE.
En este sentido, Rego, Pineda, Bompard y Ernst preguntan si la Comisión va a establecer algún tipo de control de carácter público como única garantía de alineamiento con dichos objetivos climáticos y sociolaborales. Además, piden información sobre los plazos y planes que maneja el Ejecutivo europeo para asegurar que se respetan.