Jerez aprueba la modificación del PGOU para regular las viviendas turísticas como actividad económica

Jerez aprueba la modificación del PGOU para regular las viviendas turísticas como actividad económica, incorporando a las VUT al uso terciario de hospedaje y fijando nuevas condiciones urbanísticas para compatibilizar convivencia y actividad turística.

Jerez aprueba la modificación del PGOU para regular las viviendas turísticas como actividad económica, tras la aprobación definitiva en el Pleno del Ayuntamiento de la modificación del planeamiento urbano que incorpora formalmente a las Viviendas de Uso Turístico (VUT) dentro del uso terciario de hospedaje. La medida actualiza la normativa municipal en consonancia con la legislación autonómica en materia de turismo y establece por primera vez un marco urbanístico específico para este modelo de alojamiento.

La propuesta salió adelante con el apoyo de todos los grupos municipales, salvo Vox, que optó por la abstención. La delegada de Urbanismo y Vivienda, Belén de la Cuadra, explicó que, con esta aprobación, queda determinada la suspensión temporal del otorgamiento de nuevas aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas vinculadas a este ámbito. Dicha suspensión se hará efectiva una vez se publique la modificación, aunque su duración se ha reducido de tres años previstos inicialmente a solo cinco meses gracias a la tramitación acelerada del expediente.

Hasta ahora, el PGOU no recogía la consideración de las VUT como una actividad económica diferenciada del uso residencial, por lo que no estaban sometidas a declaración responsable ni a licencia urbanística. De la Cuadra señaló que “una vivienda destinada a un fin turístico era, desde el punto de vista urbanístico, una vivienda”, por lo que existía un vacío normativo derivado de la ausencia de regulación específica.

Con la modificación, las viviendas turísticas pasan a integrarse en el uso terciario con uso de hospedaje, dejando claro en qué categoría urbanística se enmarcan y cuáles son las condiciones para su compatibilidad con el uso residencial. El objetivo, según la delegada, es garantizar el equilibrio entre residentes y visitantes y evitar situaciones de conflicto derivadas del auge de las VUT.

Entre los nuevos requisitos urbanísticos se establece que las viviendas turísticas solo podrán admitirse en edificios que permitan simultáneamente uso residencial. En el caso de edificios plurifamiliares, y para favorecer la convivencia, el uso turístico únicamente se autorizará en viviendas situadas en planta baja. La autorización municipal se tramitará mediante declaración responsable, sin autorización expresa previa, quedando sujeta a control posterior.

Además, se exigirá la legalización del cambio de uso a hospedaje para la puesta en funcionamiento de una VUT, trámite que será independiente de la inscripción obligatoria en el Registro de Establecimientos y Servicios Turísticos de la Junta de Andalucía.

El proceso de aprobación ha incluido un periodo de exposición pública tras el acuerdo inicial del 27 de junio de 2025. Durante ese tiempo se presentaron tres escritos de alegaciones, que fueron estimados parcialmente para precisar conceptos incluidos en el documento. Asimismo, se incorporaron modificaciones no sustanciales relativas a apartamentos turísticos tras un informe remitido por la Delegación Territorial de Turismo de Cádiz.

La delegada de Urbanismo subrayó que el fenómeno de las VUT “ha generado situaciones no deseadas” debido a la falta de regulación específica, lo que hacía imprescindible definir un marco legal. Según destacó, la tramitación ha sido “muy transparente”, con participación técnica y social a través del Consejo Social de la Ciudad, y con intervención de los grupos municipales.

Tras la aprobación del cambio en el planeamiento, el Ayuntamiento trabaja ahora en la siguiente fase: la redacción de una Ordenanza de Zonificación que determinará la distribución de las viviendas turísticas en las diferentes áreas de la ciudad con criterios urbanísticos, sociales y de convivencia.

Con esta decisión, el gobierno local afirma que se da un paso determinante para ordenar un sector en expansión y evitar tensiones urbanas en barrios residenciales, garantizando al mismo tiempo seguridad jurídica tanto para propietarios como para la administración.