El concejal del Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) y candidato a la Alcaldía de Cádiz, Juancho Ortiz, se comprometió días atrás con los afectados en Cádiz y provincia por el presunto fraude y posterior cierre de las clínicas iDental a trasladar su problema al Parlamento Andaluz a través de la diputada autonómica Ana Mestre, que ya tiene previsto una reunión con el citado colectivo.
Ortiz se reunió con un grupo de afectados por el cierre de la citada clínica, quienes le expusieron su situación de “desamparo” y “los problemas que estamos teniendo a la hora no solo de reclamar el dinero ya aportado a la clínica sino de continuar con tratamientos que están afectando seriamente a la salud de muchas personas”.
El concejal popular quiso mostrar su apoyo a este colectivo en la demanda de soluciones “y muy especialmente a las personas que tienen problemas de salud. La Junta debe ser sensible con las familias con menos recurso que hicieron un esfuerzo para mejora su salud y han quedado en situación de riesgo sanitario al suspenderse sus tratamientos”.
500 afectados e ingresos hospitalarios
Los representantes del colectivo de afectados por el cierre de iDental aseguraron a Juancho Ortiz que en la provincia de Cádiz hay en torno a 500 personas con este problema, la mayoría de ellos clientes de la clínica ubicada en el Puerto de Santa María. También conoció el concejal popular en la cita los casos más graves de este proceso, como el de una señora que permaneció ingresada en el Puerta del Mar tres días por una infección bucodental sobrevenida tras la suspensión del tratamiento en las citadas clínicas.
Los afectados por el cierre de iDental tienen previsto una agenda de movilizaciones y protestas a nivel andaluz y nacional para requerir, entre otras cosas, el apoyo de las administraciones: el colectivo cuestiona la concesión de licencias de apertura y permisos de actividad por parte de la Junta de Andalucía sin la realización de comprobaciones oportunas sobre la forma de actuar de este tipo de negocios. Ortiz señaló que «la Junta debe estudiar en este sentido sus responsabilidades al respecto y brindar a las familias que no tienen recursos la asistencia jurídica necesaria para conseguir recuperar su dinero y la asistencia médica imprescindible para que la salud de esos afectados no esté en riesgo”.