Jucil alerta de un “mensaje de impunidad” tras la libertad de dos acusados por la muerte de guardias civiles en Barbate

La asociación profesional de guardias civiles Jucil ha expresado su preocupación por la decisión judicial de conceder la libertad provisional bajo fianza a dos de los cuatro acusados por la muerte de dos agentes arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) el pasado febrero de 2024. El secretario general de la organización, Ernesto Vilariño, ha advertido que esta medida “puede enviar un mensaje de impunidad profundamente peligroso, especialmente en un contexto como el del Campo de Gibraltar, donde el narcotráfico ha arraigado con fuerza y violencia”.

Jucil, que ejerce la acusación popular en el denominado ‘caso Barbate’, lamenta que la decisión judicial llegue en un momento de especial tensión en la zona, y ha manifestado su “profundo dolor” ante la excarcelación de los acusados. La asociación, que también se ha personado como acusación particular en defensa de varios agentes implicados, teme que esta medida pueda debilitar el mensaje institucional frente al crimen organizado.

Vilariño ha sido especialmente crítico con lo que considera errores políticos en la estrategia de lucha contra el narcotráfico. En su intervención, ha señalado que “casos como este ponen de nuevo de manifiesto las consecuencias de decisiones desacertadas, como el desmantelamiento del OCON-SUR”, el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico que la Guardia Civil mantuvo activo hasta su supresión en 2023. “Desde entonces, han proliferado las agresiones y ataques a los guardias civiles, culminando en tragedias como la que nos ocupa”, ha asegurado.

- Publicidad -

La asociación insiste en que es imprescindible mantener la presión judicial y policial frente a las redes criminales que operan en el sur de España. “No podemos permitir que la muerte de nuestros compañeros caiga en el olvido, ni que dentro de un año estemos lamentando otra tragedia similar”, ha declarado Vilariño.

En su comunicado, Jucil exige que “se imponga todo el peso de la ley” sobre los responsables del asesinato de los dos agentes, y reclama al Estado un compromiso firme y sin concesiones para erradicar el narcotráfico en una de las zonas más sensibles del país.

El caso Barbate ha conmocionado a la sociedad española, no solo por la brutalidad de los hechos, sino también por lo que representa en términos de seguridad y respeto institucional. La presión de los grupos criminales en el Campo de Gibraltar, uno de los principales puntos de entrada de droga a Europa, ha encendido todas las alarmas entre sindicatos policiales, asociaciones profesionales y vecinos.

Jucil ha reiterado su compromiso con la memoria de los guardias civiles fallecidos y ha subrayado que seguirá trabajando para que su sacrificio no quede impune. “El narcotráfico es un problema de extrema gravedad que debe ser combatido con todos los medios del Estado”, concluye el comunicado de la asociación.