Jucil, asociación profesional de la Guardia Civil, ha defendido la imparcialidad de la juez de Barbate (Cádiz) que investiga el asesinato de dos guardias civiles después de que un abogado de los acusados por los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero la recusara por lucir en su muñeca una pulsera de la Guardia Civil.
El letrado sostiene en su recusación que el uso de esta pulsera cuando la juez tomaba declaración como testigos a los agentes que sobrevivieron al impacto de una narcolancha revela «una clara quiebra de imparcialidad», en un caso, además, en el que las víctimas son miembros de la Guardia Civil y cuando otros integrantes de este mismo cuerpo realizan la investigación.
Jucil, que está personado en el procedimiento como acusación, entiende que la recusación es «un mero trámite utilizado por la defensa no solo para dilatar y entorpecer la causa, sino que también para intentar ‘paliar’ la negativa de diversas pruebas», según el escrito consultado por Europa Press.
«Casualmente, dicha pulsera solo ha sido vista por uno de los abogados de la defensa, y sorpresivamente, todos los demás se han adherido por conveniencia a su petición, cuando no se cumplen los presupuestos lógicos para entender que la señora instructora tenga un punto de vista parcial sobre la causa», añade la asociación.
Para Jucil, «el portar una pulsera de la Guardia Civil no provoca directamente un interés claro a favor de los agentes» ni tampoco una «parcialidad directa en la causa», puesto que la misma se está desarrollando según las garantías procesales.
Por su parte, el abogado de uno de los acusados defendió la recusación de la juez porque lucía la misma pulsera que llevaba un agente de la guardia civil al que interrogó como testigo en un toma de declaración en la que se interesó por las supuestas lesiones que habían sufrido los arrestados tras el doble asesinato en aguas del puerto de Barbate.
Un informe de la Guardia Civil incorporado a la causa a principios de mayo dio un giro a este caso al eximir a los seis detenidos y enviados a prisión provisional de ir a bordo de la narcolancha que arrolló la zodiac en la que viajaban los dos guardias civiles asesinados y otros cuatro agentes.
La juez ha rechazado la puesta en libertad, con el apoyo de la Fiscalía, al sostener que los arrestados están investigados por otros delitos graves como el de contrabando y pertenencia a organización criminal, así como el de resistencia a los agentes de la autoridad.