Los delegados de la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha anunciado que reclamarán en el pleno del Consejo de la Guardia Civil, que se celebra este jueves, que la Administración entregue toda la documentación relacionada con el asesinato de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez ocurrido en Barbate (Cádiz) el pasado 9 de febrero arrollados por una narcolancha a la que, junto con otros guardias, intentaban identificar en el puerto barbateño.
En una nota, Jucil ha señalado que la asociación demandará además explicaciones sobre por qué motivos, dos meses después del anuncio que esa información se pondría a disposición de una Comisión de Riesgos Laborales, «aún no se ha iniciado la revisión del suceso» en el seno de esta comisión.
Asimismo, ha recordado que solicitó y mantiene su petición de dimisión para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y para el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, «como principales responsables de la cadena de errores que llevaron a ordenar que una barquichuela de aguas interiores de menos de seis metros de largo, con seis guardias civiles inexpertos en la mar, mal equipados y peor armados, se enfrentaran a potentes planeadoras de 14 metros de eslora».
Además, la asociación ha denunciado también ante el juzgado la investigación por homicidio imprudente del general jefe del Área de Andalucía, Luis Ortega Carmona, y del coronel jefe de la Comandancia de Cádiz, Luis Martín Velasco. «No podemos permitir que el asesinato de nuestros compañeros quede sin una investigación exhaustiva y sin la identificación de los responsables directos e indirectos», ha afirmado el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, que ha añadido que «los guardias civiles merecemos trabajar en condiciones de seguridad y con el respaldo adecuado de nuestros superiores».
Así, Jucil ha reiterado su demanda de «transparencia y responsabilidad» y ha instado a que se adopten «medidas inmediatas» para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Además, ha señalado que espera que la Administración «cumpla con su promesa de revisar el incidente a través de la Comisión de Riesgos Laborales y tome las acciones necesarias para garantizar la seguridad de todos los guardias civiles».
Finalmente, ha indicado que también solicitará en el pleno del Consejo de la Guardia Civil que se permita a todos los guardias civiles el uso de cámaras de grabación unipersonales en sus intervenciones. Esta petición, que se presentará fuera del orden del día, busca proporcionar una capa adicional de protección jurídica para los agentes en el ejercicio de sus funciones, según ha explicado.
«Estas cámaras son una herramienta crucial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el desempeño de nuestras funciones policiales y su uso puede servir además como evidencia objetiva en situaciones conflictivas o en aquellas en las que se producen controversias entre las versiones de las distintas partes que intervienen en los hechos», ha destacado Ernesto Vilariño.