El Gobierno andaluz ha reclamado este martes «ser prudentes» sobre el desenlance de las negociaciones entre España y Reino Unido sobre Gibraltar, que el jueves se interrumpieron sin acuerdo después de la reunión a tres bandas que mantuvieron ambos países y la colonia británica.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, ha reclamado esa cautela para evaluar la marcha de la negociación después de reconocer que el viernes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tuvieron una conversación telefónica «cordial», de la que extrajeron «poca información del tema».
Fernández-Pacheco, cuestionado por el anuncio que hizo este lunes el dirigente del Partido Popular Esteban Gónzalez Pons acerca de la probabilidad de que el Grupo Popular Europeo votaría en contra en la ratificación del acuerdo sobre Gibraltar cuando deba ratificarlo la Eurocámara por carecer de información del Gobierno, ha eludido pronunciarse al esgrimir que «no soy portavoz del PP europeo» y con esa premisa no le «corresponde valorar» ese pronunciamiento.
El consejero y portavoz sí se ha mostrado comprensivo sobre esa reclamación de facilitar información cuando se buscan adhesiones para la causa por cuanto ha defendido que «lo primero es contar a alguien cómo va la negociación», además de reafirmarse en la idea de que el Gobierno andaluz «tampoco es nadie para decir al Grupo Popular cómo va a votar en el Parlamento de Andalucía».
Sobre las aspiraciones de la Junta de Andalucía en la relación con Gibraltar, Fernández-Pacheco ha planteado que «no vamos a entrar en una batalla dialéctica por el y tú más», hecho que ha atribuido a la celebración de «unos comicios dentro dos semanas», en referencia a las elecciones al Parlamento europeo de 9 de junio.
Fernández-Pacheco ha blandido que las negociaciones sobre Gibraltar «afectan a 300.000 andaluces», por lo que ha reclamado «no fomentar un paraíso fiscal dentro de nuestro continente», en referencia a las diferencias fiscales existentes entre un territorio y otro, antes de reclamar como receta para que el acuerdo tenga el máximo apoyo social que «se cuente con el territorio, se nos dé información, se busque igualar las oportunidades y no fomentar desigualdades entre vecinos».