La Consejería repetirá las más de 1.300 pruebas que se realizaron a funcionarios, letrados de la Administración de Justicia, fiscales y jueces sustitutos
La Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz ha comenzado hoy a realizar una segunda ronda de test de COVID-19 al personal de los órganos judiciales, después de que el pasado mes de julio llevara a cabo 1.327 pruebas entre los funcionarios, letrados de la Administración de Justicia, fiscales y jueces sustitutos.
“Esta segunda ronda de test responde al compromiso que la Consejería que lidera Juan Marín tiene con el personal de la Administración de Justicia y con los usuarios. El objetivo es garantizar la seguridad, prevenir y evitar posibles contagios en los juzgados”, ha explicado el delegado territorial de Justicia en Cádiz, Miguel Rodríguez.
Como ya se hiciera al inicio del verano, las pruebas se ejecutan bajo la coordinación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dependiente de la Consejería, y se llevan a cabo por un médico forense. “Al igual que en la primera ronda vamos a hacer los test no solo a nuestro personal funcionario, sino que lo extenderemos a los mismos profesionales de la Administración de Justicia que entonces”.
De esta forma, la previsión es superar los 1.300 test rápidos en toda la provincia gaditana. En toda Andalucía, serán más de 8.800 pruebas, gracias a la colaboración con la Consejería de Salud que dotará de todas aquellas que sean necesarias.
“Andalucía fue pionera en la realización de estas pruebas al personal de los juzgados, y de nuevo lo somos con esta segunda tanda con la que queremos dar seguridad al personal”, ha señalado el delegado.
Las pruebas son test rápidos, cuyos resultados se conocen en pocos minutos. Los casos que dieran un posible positivo serán derivados al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que a partir de ese momento sigan todos los protocolos que marcan las autoridades en este sentido.
Los resultados del verano, tras 1.327 pruebas, arrojaron un porcentaje de seroprevalencia del 1,4%, y tan solo 28 casos dieron positivo (IGM), aunque posteriormente fueron descartados por PCR.
Para la realización de estos test, la Consejería elaboró en su momento un protocolo con los IMLCF para poder llevarlos a cabo con todas las medidas de seguridad por parte de los médicos forenses.
Estas pruebas forman parte del conjunto de medidas de seguridad que la Consejería de Justicia mantiene desde el inicio de la pandemia en todas las sedes judiciales para garantizar la protección de todo el personal de la Administración de Justicia, de los profesionales relacionados con ella y de los ciudadanos.