La Agencia Pública de Educación reclama 350.000 euros a una empresa de transporte escolar en Cádiz y lleva el caso a la Fiscalía
Una investigación interna detectó facturas duplicadas y tramitación irregular en varias rutas durante el curso 2022/2023, lo que ha derivado en el despido de un trabajador y una denuncia ante la Fiscalía y la UDEF
La Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) ha reclamado 351.396 euros a una empresa de transporte escolar de la provincia de Cádiz por pagos indebidos durante el curso 2022/2023, tras detectar un «llamativo incremento» en el presupuesto destinado a este servicio. La Junta de Andalucía ha trasladado el caso a la Fiscalía y a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por posibles delitos relacionados con la tramitación irregular de contratos.
Según ha informado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, la investigación interna se inició en mayo de 2023, cuando APAE abrió diligencias preliminares al observar anomalías contables vinculadas a rutas escolares, especialmente en municipios como Chiclana. La investigación reveló que se facturaron y abonaron múltiples veces servicios que solo se prestaron una vez, a través de distintos expedientes firmados con la misma empresa.
Como medida cautelar, la agencia suspendió de empleo y sueldo al trabajador presuntamente implicado. Posteriormente, en noviembre de 2023, fue despedido tras la apertura de un expediente disciplinario por faltas muy graves. A este empleado también se le reclama la devolución de 25.235 euros correspondientes al periodo en que permaneció suspendido.
La Junta notificó los hechos a la Intervención General, que a su vez los derivó a la Fiscalía, al apreciar indicios de delito. La documentación también ha sido puesta a disposición de la UDEF, que investiga los posibles delitos económicos relacionados con los contratos públicos.
Los contratos afectados han sido declarados nulos mediante resolución de la agencia con fecha de 15 de marzo de 2025. La APAE exige ahora a la empresa adjudicataria la devolución de los fondos públicos cobrados de manera indebida.
El escándalo, adelantado por el diario El País, afecta a varias rutas escolares de la provincia, lo que ha levantado preocupación sobre la gestión y supervisión de los contratos públicos relacionados con el transporte de alumnado. Las autoridades autonómicas aseguran haber reforzado los mecanismos de control interno para evitar la repetición de este tipo de irregularidades.
El caso pone en el foco el uso de fondos públicos en un servicio esencial como el transporte escolar y podría tener nuevas derivaciones si la investigación judicial confirma la existencia de delitos económicos o administrativos.
