La agricultura fue la actividad económica principal durante todo el siglo XIX en España. Al finalizar la centuria, las dos terceras partes de la población activa seguían trabajando en el campo. La agricultura generaba más de la mitad de la renta nacional. Por su parte, los productos agrícolas eran predominantes en las exportaciones españolas.
La cuestión fundamental en relación con la agricultura decimonónica española tiene que ver con las desamortizaciones, ya que afectaron a la quinta parte de todo el territorio nacional o la mitad de la tierra cultivable. Por desamortización se entiende la expropiación por parte del Estado de las tierras eclesiásticas y municipales para su posterior venta en pública subasta. Existen precedentes desamortizadores en la época final del despotismo ilustrado, pero el verdadero proceso desamortizador se dio en dos fases del siglo XIX: la eclesiástica de Mendizábal, y la de Madoz, más vinculada a las propiedades municipales. L
La desamortización de Mendizábal se dio entre 1837 y 1849. Disueltas las órdenes religiosas no dedicadas a la enseñanza o al cuidado de enfermos, se declararon sus bienes como nacionales y se vendieron en pública subasta. La desamortización obedecía al principio sagrado de la propiedad del liberalismo español. Con la desamortización se perseguía sanear la maltrecha Hacienda, financiar la guerra carlista y convertir a los nuevos propietarios en adeptos a la causa liberal. Se desaprovechó la ocasión para hacer una verdadera reforma agraria, cuestión que quedó pendiente para siglo siguiente, generando intensos debates, como es bien sabido. Se calcula que se obtuvieron unos ingresos de unos cuatro millones de reales.
La desamortización de Pascual Madoz nació al calor del Bienio Progresista, en 1855 y duró hasta casi el final del reinado de Isabel II. Esta nueva desamortización incluyó tierras de la Iglesia aún no vendidas, pero la parte más importante de este proceso tuvo que ver con las propiedades municipales. Además de desamortizar para pagar la constante deuda pública, se quería emplear parte de lo recaudado como capital para las infraestructuras ferroviarias que iban a nacer al calor de la Ley de Ferrocarriles.
La opinión historiográfica tradicional más extendida sobre los efectos de las desamortizaciones en la estructura de la propiedad agraria española estima que se acentuó el latifundismo, pero no hay datos suficientes para seguir defendiendo esta tesis. Cabe suponer que, al ser ventas en pública subasta, fueron compradas por compradores con capital y no por campesinos sin recursos, pero eso no significa que los compradores con recursos fueran tan pocos que fomentasen aún más la estructura latifundista de la propiedad. En realidad, no parece que se modificara sustancialmente dicha estructura: ni hubo una mayor concentración, ni se dispersó la propiedad; a lo sumo, lo que hubo fue un cambio de propietarios. Lo que sí parece comprobado es que la superficie cultivada en España aumentó.
La agricultura española se caracterizó por unos bajos rendimientos. Siguió predominando la trilogía clásica mediterránea: trigo, vid y olivo, aunque aumentó el cultivo de leguminosas y se intensificó el sector hortofrutícola, el único verdaderamente moderno. Las desamortizaciones no produjeron un aumento de la producción agrícola. El crecimiento de esta producción fue muy lento durante el siglo XIX. No se evitaron las crisis de subsistencias, con sus evidentes repercusiones demográficas, manteniéndose, en este aspecto las características del Antiguo Régimen. La causa de este atraso está en que los rendimientos eran muy bajos. Estaríamos ante una agricultura que no vivió la revolución agrícola (técnica) de otros países europeos.
El estancamiento agrícola también tiene mucho que ver con la cuestión de la protección arancelaria. Los aranceles del trigo se mantuvieron siempre muy altos para proteger al sector, pero, al no tener que competir, no se invertía en mejoras tecnológicas, ya que el beneficio estaba asegurado para los grandes propietarios castellanos y andaluces, a pesar de los bajos rendimientos. Las tierras se infrautilizaban y seguían absorbiendo una gran cantidad de mano de obra, que podían haber trabajado en la industria, a pesar de las carencias de la Revolución industrial española. Además, la demanda de bienes de consumo y de equipo del campo español fue mínima, por lo que no contribuyó al desarrollo industrial que, por su parte, al ser tan escaso no demandaba mano de obra.