La alcaldesa de San Fernando exige al Ministerio de Defensa solución urgente a los impagos en Torregorda

Patricia Cavada se reúne con los seis trabajadores afectados por los retrasos salariales de Intervenciones Marítimas Españolas SL y se compromete a presionar al Ministerio para garantizar el pago de sus nóminas.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha solicitado al Ministerio de Defensa una intervención inmediata para resolver la situación de los trabajadores del Centro de Ensayos de Torregorda, quienes desde mayo no perciben sus salarios por parte de la empresa Intervenciones Marítimas Españolas SL. La reunión, celebrada esta semana, reunió a la regidora con los seis empleados afectados, quienes han mantenido paros y concentraciones para reclamar el abono de sus nóminas.

Durante el encuentro, Cavada expresó su solidaridad con los trabajadores y se comprometió a presionar al Ministerio de Defensa, responsable del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), organismo que subcontrata estos servicios. “Como representante pública tengo la obligación moral de exigir una solución inmediata para estos trabajadores que, aunque contratados por una empresa privada, prestan servicios al sector público”, subrayó.

Los empleados trasladaron su preocupación por la continuidad del contrato, ya que la misma empresa que les adeuda salarios podría volver a gestionar el servicio a partir de noviembre. Cavada reconoció la complejidad de la situación, señalando que el INTA ha abonado las cuantías correspondientes, pero la empresa subcontratada no realiza los pagos a su plantilla.

“No han dejado de trabajar ningún día y merecen percibir el salario que les corresponde. Debemos buscar cualquier solución dentro de la normativa vigente para resolver esta situación insostenible con urgencia”, añadió la alcaldesa, quien insistió en la necesidad de acelerar los procesos administrativos, pese a su lentitud habitual.

Desde que se conoció el conflicto, el gobierno municipal ha mantenido contacto constante con los representantes sindicales y con la Subdelegación y Delegación del Gobierno, con quienes coincidieron en que la solución definitiva depende del Ministerio de Defensa, dadas las limitaciones jurídicas y administrativas existentes. “La situación es anómala, incomprensible e insostenible. El Ministerio debe actuar con urgencia para desbloquear este problema”, concluyó Cavada, quien reiteró su disposición a seguir interviniendo hasta garantizar los derechos laborales de los trabajadores.

Los seis empleados afectados reclaman el reconocimiento profesional y salarial acorde a sus funciones, así como mejoras laborales y mayores garantías de solvencia en los futuros contratos adjudicados por el Ministerio y el INTA. Actualmente, cada trabajador percibe alrededor de 1.200 euros con las pagas prorrateadas, por debajo del salario mínimo, lo que genera dificultades económicas y estrés familiar.

A pesar de estos impagos, los trabajadores continúan desempeñando sus tareas diarias y han anunciado que mantendrán paros tres días a la semana hasta que reciban una solución definitiva. “Estamos hablando de familias que no tienen otro ingreso. Con un sueldo tan ajustado es imposible afrontar esta situación, lo que está generando un auténtico drama social”, denunció uno de los portavoces.

La presión ejercida por Cavada y el gobierno municipal apunta a que el Ministerio de Defensa actúe de forma inmediata para garantizar los salarios atrasados y asegurar que se cumplan los derechos laborales de estos empleados. Mientras tanto, la empresa subcontratada mantiene su responsabilidad de abonar los salarios adeudados, y los trabajadores continúan sus protestas como medida de presión.