Dos sentencias reconocen como delito de atentado las agresiones a un celador y a un auxiliar administrativo, reforzando la importancia de denunciar la violencia en los centros de salud.
La Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Cádiz ha conseguido recientemente dos sentencias condenatorias por delito de atentado contra funcionario sanitario tras agresiones a un celador y a un auxiliar administrativo. Los hechos se produjeron en el Centro de Salud La Paz de Cádiz y el Centro de Salud Jerez Sur, respectivamente, y reflejan la eficacia del sistema jurídico para proteger a los profesionales sanitarios.
Estas sentencias se produjeron tras la tercera reunión de coordinación del año de la comisión provincial contra las agresiones a profesionales sanitarios, celebrada en el Hospital Universitario de Jerez, donde se analiza la prevención de episodios violentos y se buscan mejoras que reduzcan ataques físicos o verbales. La intervención de la Asesoría Jurídica permitió transformar los procedimientos inicialmente tratados como delitos leves en diligencias previas por delito de atentado, reconocido por la jurisprudencia.
El agresor del auxiliar administrativo fue condenado a seis meses de prisión y 20 días de multa con una cuota diaria de seis euros, mientras que el agresor del celador recibió la misma pena de cárcel más una indemnización de 90 euros. La delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, presidenta de la comisión, destacó la importancia de la denuncia de agresiones para lograr sentencias ejemplares y proteger a los trabajadores sanitarios.
La reunión contó con referentes de hospitales, distritos, áreas sanitarias, 061, Policía Nacional, Guardia Civil, asesoría jurídica y la secretaria general de la Delegación de Salud y Consumo, quienes evaluaron las intervenciones realizadas desde la última cita y planificaron futuras acciones. Entre estas, destacan simulacros de agresiones en hospitales y centros de salud, así como actividades de concienciación dirigidas a la población y al ámbito escolar, en colaboración con asociaciones y trabajadores sociales.
Además, algunos centros han tomado medidas preventivas ante la repetición de episodios violentos, como la instalación de alarmas personales para profesionales de áreas críticas y reuniones de seguimiento para reducir incidentes en Urgencias y servicios de alto riesgo. La comisión provincial se apoyará próximamente en el Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, creado en septiembre, que servirá para coordinar y reforzar las políticas de prevención y seguimiento.
El próximo encuentro de la comisión se celebrará en diciembre en el Hospital Universitario de La Línea, continuando con la rotación por los diferentes centros sanitarios de la provincia, y consolidando las medidas de prevención y protección de los profesionales frente a agresiones físicas y verbales.
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