En el próximo orden del día, se estudiará si la Ley sobre la estabilización del personal público, incumple la normativa comunitaria.
Ante la entrada en vigor, el pasado 8 de julio, del Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, conocido como el “Icetazo”, la Asociación de Emplead@s Públic@s en Abuso de Temporalidad (ASEPAT), elevó una petición ante el Parlamento Europeo, tramitada bajo el número 0774/2021. En dicha petición, se denuncia la desprotección de las personas trabajadoras de las diferentes Administraciones Públicas, contratadas en abuso de la contratación, y de la ineficacia del referido “Icetazo”, así como el incumplimiento del mismo respecto de la Directiva 1999/70/CE, y de las numerosas sentencias y autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Dicho Real Decreto-Ley, enmendado en el Congreso de los Diputados ante las presiones llevadas a cabo, por las personas afectadas por el abuso de la contratación del sector público español, ha pasado a convertirse en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, cuya entrada en vigor tuvo lugar el pasado 30 de diciembre.
Dicha Ley es contraria a la normativa y jurisprudencia comunitaria, por los siguientes motivos:
1. No ha existido diálogo entre el Gobierno estatal y el colectivo afectado por el abuso en la contratación temporal en las diferentes Administraciones Públicas.
2. Sigue sin transponer la Directiva 1999/70/CE y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
3. No recoge sanción alguna para la parte abusadora.
4. Vulnera sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al no asumir indemnizaciones eficaces, proporcionales y disuasorias, ni la responsabilidad generada.
5. No se estabiliza al personal afectado en sus puestos de trabajo, se consolidan plazas.
La Secretaría de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, se encarga de recepcionar las mismas, que suponen un gran número al año. La mayoría de ellas se tramitan mediante un procedimiento escrito, siendo seleccionadas por los Diputados europeos las peticiones que se examinan en las reuniones de la Comisión. Dado el carácter variopinto de las peticiones y el gran número que se recibe, no todas ellas son debatidas en comisión, ni todas las peticiones se debaten en público, y tampoco se incluyen todas en los órdenes del día; de ahí la importancia de que la petición realizada por ASEPAT cuente con el respaldo de la Comisión y se haya incluido en el orden del día, para ser debatida públicamente.
Reclamaciones a la Comisión de Peticiones
En la reunión del próximo día 10, ASEPAT pedirá a la Comisión de Peticiones, entre otras cosas:
- Que lleven a cabo un debate amplio y profundo, en el seno de esa Comisión, sobre la problemática que se plantea.
- Que pidan a la Comisión Europea que efectúe una investigación preliminar sobre la petición, y que emita informe en relación a si se respeta o se incumple la Directiva 1999/70/CE.
- Que preparen y presenten informes o resoluciones al Parlamento, para someterlos a votación en sesión plenaria del mismo. Que todas las personas que forman el Parlamento conozcan y valoren la situación del personal en abuso de contratación de las Administraciones Públicas.
- Que se ejecute el expediente de Infracción nº 2014/4224, C (2015) 1865 final, y se imponga al Reino de España la sanción correspondiente por incumplimiento de la normativa comunitaria.
Desde la Secretaría de la Comisión de Peticiones, se ha emplazado a ASEPAT a la reunión que tendrá lugar el próximo 10 de enero de 2022, en Bruselas, invitándola a asistir a la misma mediante videoconferencia. En dicha reunión, una persona designada por la asociación dispondrá de un turno de palabra para exponer los motivos que llevan a presentar la petición referida. Dada la importancia que supone el haber sido invitada a participar en la reunión de la Comisión de Peticiones, ASEPAT ha convocado a los medios de comunicación, el próximo día 10, a las 10:00 horas, en su sede social de Jerez de la Frontera, a una rueda de prensa para ampliar información y resolver dudas.
Por tanto, la vía europeísta parece ser uno de los caminos a seguir para poner freno a esta norma que, aunque se anuncie como “salvadora”, en la práctica conllevará la pérdida de los puestos de trabajo de cientos de miles de personas y llevará a una situación de vulnerabilidad socio-económica a sus familias.
Durante estos últimos días, ASEPAT ha dado a conocer los avances que ha venido cosechando, difundiendo la petición formulada, que continúa abierta a adhesiones, para que se adhiera a la misma, toda aquella persona o entidad que represente los mismos intereses en materia de abuso de temporalidad, y que desde el Parlamento Europeo tomen buena nota de dichas adhesiones.
También se ha puesto en marcha una campaña de correos masivos dirigidos a las personas que componen dicha Comisión, donde se insiste en la negativa del estado español a transponer la Directiva comunitaria, que debe ser sancionada, en aplicación del expediente de infracción incoado desde Europa en 2014.