Un informe jurídico de Diputación aclara que cualquier nueva obligación que se demande a los ayuntamientos, como es el caso de las desinfecciones, debe acompañarse de su dotación económica
Las obligaciones atribuidas a los ayuntamientos por parte de la Junta de Andalucía, ante la próxima apertura de los centros escolares, ha motivado varias solicitudes de asistencia jurídica planteadas desde diferentes entidades municipales ante la Diputación de Cádiz. En no pocas alcaldías se ha manifestado la imposibilidad de atender las campañas extraordinarias de desinfección, a tenor de la intensidad, especialización y coste adicional de estos servicios. La respuesta de Diputación, ya trasladada a los ayuntamientos gaditanos, se concreta en un informe realizado por la Asesoría Jurídica de la institución provincial que, entre otros conclusiones, aclara que es competencia de la Junta de Andalucía el establecimiento de medidas que en cada momento se consideren necesarias para prevenir o contener la epidemia de COVID-19 en los centros docentes.
En este análisis jurídico se determina el marco de competencias exigible a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos. Así, se reconoce la obligación de las entidades municipales en la conservación, mantenimiento o vigilancia en los centros donde se imparta segundo grado de infantil, primaria y educación especial, si bien el ejercicio de estas facultades está determinado por las disposiciones que establezca la comunidad autónoma. Esta implicación de los ayuntamientos encuentra su cauce natural y ordinario en los consejos escolares, en los que cuentan con representación.
No obstante, las circunstancias actuales producto de una crisis sanitaria- son extraordinarias y justifican que se refuerce el principio de coordinación entre administraciones, tal como establece la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA). En el informe de Diputación se indica que si los servicios demandados a los Ayuntamientos suponen la asunción de nuevas competencias su atribución tendría que hacerse bien mediante transferencia por norma con rango de ley- bien mediante delegación a través de un decreto con aceptación voluntaria del Ayuntamiento, o bien mediante encomienda de gestión por convenio. En todos los casos acompañados de los recursos financieros necesarios.
El informe incide por tanto en la reserva de ley, en el caso de que los nuevos servicios que se demandan constituyan una nueva competencia. De hecho especifica que las disposiciones reglamentarias que puedan dictarse para el establecimiento de medidas de prevención o contención de la pandemia, o los protocolos que se aprueben en ejecución de estas disposiciones, carecen de rango normativo para imponer unilateralmente nuevas obligaciones a los municipios, conforme a las previsiones del artículo 17 de la LAULA.
Y si no es necesario atribuir nuevas competencias se expresa en el informe- pero las medidas comportan para los ayuntamientos nuevos gastos, o la ampliación de los ya existentes, la Junta de Andalucía está obligada a dotarlos de los recursos económicos para hacer frente a las nuevas cargas financieras. Así, el aspecto financiero es una de las claves de este análisis jurídico al entender que la asunción de los costes por parte de la Junta es una cuestión exigible, por respeto a la autonomía municipal y en cumplimiento de la suficiencia financiera y la sostenibilidad de las cuentas públicas.
La presidenta de la Diputación de Cádiz , Irene García, reconoce su preocupación por las medidas que está adoptando la Junta de Andalucía ante el inicio del curso escolar. En ese sentido la Diputación estaba obligada a aclarar, desde el punto de vista jurídico, qué papel deben jugar los ayuntamientos. El informe es claro y determina que las medidas de prevención para garantizar una vuelta segura al colegio, en materia de desinfección, es una competencia clara de la Junta de Andalucía. Y en el caso de que se le atribuya dicha competencia a los ayuntamientos deberá garantizarse, desde el punto de vista económico, la suficiencia financiera.
Sin respuesta de Moreno Bonilla
Desde que a mediados de marzo se declaró el estado de alarma, la presidenta de Diputación de Cádiz ha enviado diferentes cartas al titular de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en demanda de encuentros de coordinación institucional, o bien trasladándole propuestas colectivas (como por ejemplo la adopción de programas específicos de empleo) en nombre del Consejo de Alcaldías. Esa petición de encuentro también se ha demandado, en dos ocasiones, desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, sin obtener respuesta alguna.
Irene García lamenta que este silencio impida establecer un marco de cooperación y de diálogo directo en asuntos de vital importancia para los municipios de la provincia de Cádiz.