El objetivo es que ambas instituciones colaboren para impulsar y divulgar esta vía alternativa y complementaria a la vía judicial
La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha firmado un convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para establecer el marco de colaboración entre ambas instituciones con el objetivo de impulsar, promover y divulgar la mediación y otros medios adecuados de solución de controversias como fórmula alternativa y complementaria al proceso judicial.
Según el convenio, publicado este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la Consejería de Justicia pondrá a disposición de los órganos judiciales andaluces y de la ciudadanía información sobre la mediación, aportará espacios adecuados y medios materiales suficientes a través los puntos de información para la mediación en Andalucía (PIMA) sitos en las sedes judiciales.
Igualmente, facilitará al CGPJ semestralmente los datos relativos a las sesiones de información realizadas, incluirá en los planes formativos diseñados para los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia actividades de formación y adoptará las medidas necesarias para la difusión de este convenio.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial dará a conocer la mediación y otros medios adecuados de solución de controversias entre todos los integrantes de la carrera judicial, facilitará a los jueces y magistrados la información necesaria sobre los recursos disponibles, establecerá reuniones periódicas entre las personas del gabinete técnico encargadas de la mediación con jueces y magistrados, aclarará dudas e impulsar nuevos proyectos y mejorará los ya existentes.
Asimismo, se encargará de recabar información sobre el desarrollo de la mediación, tanto de los órganos judiciales como de los servicios de la Administración andaluza y de aquellos otros medios adecuados que se puedan poner en marcha desde la misma.
El convenio no conlleva contraprestación económica para ninguna de las partes y tiene una vigencia de cuatro años, con la posibilidad de prorrogarlo otros cuatro.
Además, para llevar a cabo su seguimiento, vigilancia y control, se creará una comisión mixta de seguimiento compuesta por dos representantes de cada una de las partes. Su presidencia y secretaría corresponderán alternativamente, por períodos anuales, a cada una de las dos partes intervinientes. La misma se reunirá a instancia de cualquiera de las partes firmantes previa convocatoria de su presidente y, al menos, una vez al año para examinar los resultados de la cooperación realizada.