Reclaman una mejor financiación del precio por plaza
El diputado de Bienestar Social, David de la Encina, ha mostrado su respaldo a las reivindicaciones de los colectivos que trabajan con la discapacidad y comparte su descontento con la revisión del precio por plaza aprobado por la Junta de Andalucía, que se limita a un 2,6%. Coincide así con la opinión que ha hecho saber el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI Andalucía, de carácter regional y que integra a asociaciones y federaciones que trabajan en este ámbito, entre ellas FEPROAMI.
CERMI ha manifestado en un comunicado el sentir del movimiento asociativo de la discapacidad que considera “inaceptable la subida de solo el 2,6% en el coste-plaza” y que cree que “hará insostenible mantener la actividad y servicios de estos centros, muy mermados por la crisis del COVID-19”. De la Encina se muestra de acuerdo con esta postura y afirma que “esta revisión no alcanza a cubrir los costes crecientes que están asumiendo las entidades y pone en riesgo la viabilidad del sistema y su propias supervivencia”.
El diputado de Bienestar Social coincide con la petición de estos colectivos a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para que rectifique esta propuesta que afecta a los servicios que prestan a más de 700.000 personas con discapacidad en Andalucía. De la Encina considera que las entidades del ámbito de la discapacidad “han hecho un sobreesfuerzo para mantener la actividad durante la pandemia y no pueden permitirse estar más tiempo asumiendo estos servicios con los recursos que les ofrece la Junta, a todas luces insuficientes, y que no se ajustan a las promesas que en su momento hizo el actual presidente, Juan Manuel Moreno, para actualizar la aportación de la Comunidad Autónoma a los costes reales que soportan las entidades”.
Al riesgo real de cierre que supone esta escasez de recursos se suma además la imposibilidad de que estas entidades puedan asumir la ampliación de plazas en los centros de discapacidad, tal y como quiere la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y que según denuncia CERMI “les obligará a atender más necesidades con prácticamente los mismos recursos que son ya totalmente insuficientes, poniendo en riesgo su viabilidad y sostenimiento”.
El coste de estas plazas llevaba desde 2012 sin ningún tipo de aumento y solo en 2019 se acometió una revisión que no alcanza tampoco a cubrir las necesidades de financiación de estos centros, en opinión de los afectados y del diputado.