La Diputación de Cádiz adelantará 70 millones de euros a los ayuntamientos integrados en el Servicio Provincial de Recaudación tras el acuerdo alcanzado en el último Pleno ordinario del año.
La Diputación de Cádiz adelantará un total de 70 millones de euros a los ayuntamientos integrados en el Servicio Provincial de Recaudación tras la aprobación de esta medida en el último Pleno ordinario del año, celebrado este miércoles en el Salón Regio del Palacio Provincial. El acuerdo fue adoptado por unanimidad y permitirá a los municipios anticipar hasta el 75 por ciento de la recaudación prevista por los impuestos de Bienes Inmuebles y de Actividades Económicas.
La medida contempla la concertación de tres pólizas de crédito por un importe total de 70 millones de euros, distribuidos entre distintas entidades financieras. Estas operaciones no supondrán carga financiera para la Diputación ni computarán a efectos de los límites establecidos en la normativa de haciendas locales, lo que permitirá su aplicación sin impacto negativo en la estabilidad presupuestaria de la institución provincial.
Desde el equipo de gobierno provincial se ha señalado que este adelanto económico es una práctica habitual que la Diputación viene realizando cada año por estas fechas con el objetivo de facilitar liquidez a los ayuntamientos, independientemente de su signo político. La iniciativa busca evitar tensiones de tesorería y permitir que los consistorios puedan afrontar con mayor solvencia sus compromisos económicos y la prestación de servicios públicos.
El acuerdo económico ha sido uno de los asuntos destacados del Pleno, en el que también se abordaron cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio, la rehabilitación de viviendas, el sector pesquero artesanal y distintos conflictos laborales colectivos. La sesión estuvo presidida por la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y supuso el cierre del calendario de plenos ordinarios del año 2025.
En el ámbito de las propuestas aprobadas, el Pleno respaldó por unanimidad una iniciativa para instar a la Junta de Andalucía y a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía a acometer la rehabilitación de las viviendas de protección oficial de la urbanización La Colada, en Alcalá del Valle. Se trata de una promoción de más de tres décadas de antigüedad que presenta importantes deficiencias estructurales que afectan a la seguridad y calidad de vida de sus residentes.
Asimismo, salió adelante una moción de apoyo a las trabajadoras del servicio de limpieza de la Universidad de Cádiz, inmersas en un conflicto laboral que denuncian como un proceso de ajuste encubierto. El Pleno acordó instar a la Universidad a mediar entre la empresa adjudicataria y la plantilla para alcanzar un acuerdo justo, así como realizar un seguimiento institucional de la situación.
Durante la sesión también se aprobó el compromiso de la Diputación con la reactivación y ejecución efectiva del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste, aprobado en 2011. El acuerdo incluye instar a la Junta de Andalucía a evaluar su grado de cumplimiento y a actualizar el documento para adaptarlo a los nuevos retos territoriales, climáticos, sociales y económicos de municipios como Chipiona, Rota, Sanlúcar y Trebujena.
Otro de los asuntos abordados fue la situación del sector pesquero artesanal de la provincia, especialmente afectado por el impacto del alga invasora, el cambio climático y la pérdida de caladeros. El Pleno aprobó solicitar que en el futuro real decreto de reparto del atún rojo se tenga en cuenta la situación socioeconómica de estas flotas y se amplíe su acceso a la cuota disponible.
En materia de personal, la Corporación dio luz verde por unanimidad a la aplicación de incrementos retributivos correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026 para los miembros de la Corporación y el personal empleado de la Diputación, en aplicación del marco normativo estatal. También se acordó prorrogar durante cinco años más el acuerdo sobre jubilaciones anticipadas y mejoras en situaciones de incapacidad.
El Pleno concluyó con la intervención de representantes vecinales que trasladaron la preocupación por el estado de la carretera de El Marquesado, una vía de titularidad provincial. Desde la Diputación se explicó que esta infraestructura ha recibido inversiones recientes y que se estudian fórmulas de colaboración con el Ayuntamiento de Chiclana para mejorar su seguridad y adecuación al entorno urbano.
Con este último Pleno ordinario del año, la Diputación de Cádiz cierra 2025 con acuerdos de carácter económico, social y territorial, entre los que destaca el adelanto de 70 millones de euros a los ayuntamientos como medida clave para garantizar la estabilidad financiera municipal.
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