La Diputación de Cádiz exige una financiación de la dependencia que cubra el coste real de los servicios

El pleno aprueba por unanimidad una propuesta de IU para garantizar una financiación de la dependencia estable y suficiente para residencias, centros de día y ayuda a domicilio

La Diputación de Cádiz reclamó en el pleno ordinario del 21 de octubre una financiación de la dependencia ajustada al coste real de los servicios y que permita garantizar tanto la atención a las personas usuarias como las condiciones laborales de sus profesionales. La iniciativa, presentada por Izquierda Unida, recibió el respaldo unánime de la corporación provincial.

La propuesta insta al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a establecer una senda plurianual de financiación que facilite la planificación y evite depender de incrementos puntuales o tardíos. El acuerdo abarca residencias, centros de día, recursos para personas con discapacidad y el servicio de ayuda a domicilio, atendiendo a las características y necesidades de cada prestación.

Durante la defensa de la moción, el diputado de IU Galán advirtió de que el crecimiento de la demanda y de los costes puede comprometer la continuidad de los servicios si las aportaciones públicas no evolucionan al mismo ritmo. Su intervención puso el foco en las dificultades de los ayuntamientos que gestionan la ayuda a domicilio y deben asumir gastos que, según expuso, no quedan suficientemente cubiertos.

Trebujena como ejemplo de la presión sobre los municipios

Galán explicó que Trebujena, municipio de unos 7.000 habitantes, había pasado de prestar alrededor de 4.000 horas mensuales de ayuda a domicilio a unas 8.300 en dos años. Utilizó ese incremento para ilustrar la necesidad de adaptar los recursos económicos al volumen efectivo de atención.

El diputado señaló que la organización del servicio exige cubrir sustituciones, vacaciones, permisos y otras ausencias para mantener la asistencia. Defendió, además, que la sostenibilidad económica debe ser compatible con unas condiciones laborales dignas para una plantilla formada mayoritariamente por mujeres.

Según advirtió, si la prestación pone en riesgo la estabilidad financiera municipal, el Ayuntamiento podría verse obligado a devolver su gestión a Diputación. Galán insistió en que esa posibilidad no responde a una voluntad de abandonar el servicio, sino a la dificultad de mantenerlo sin una financiación suficiente.

La moción plantea que las administraciones competentes asuman esa realidad y eviten trasladar a los municipios la responsabilidad económica de unas prestaciones cuyo alcance continúa aumentando.

Financiación estable y mejoras laborales

Entre las medidas propuestas figura la constitución de una mesa de discapacidad de Andalucía con participación de la Junta y de las organizaciones sindicales y empresariales representativas del sector. Este espacio permitiría analizar los costes asistenciales y laborales y abordar las necesidades específicas de los recursos para personas con discapacidad.

La iniciativa también reclama revisar los mecanismos de financiación conforme al coste efectivo de cada servicio. IU defendió que residencias, centros de día y ayuda a domicilio tienen estructuras y convenios diferentes, por lo que sus necesidades deben evaluarse de forma individualizada.

Galán subrayó que la financiación pública no sustituye a la negociación colectiva, pero debe proporcionar una base económica suficiente para que los acuerdos laborales puedan cumplirse. En su exposición vinculó la calidad de los cuidados con la estabilidad, la formación y las condiciones de trabajo de quienes los prestan.

Unanimidad pese a las discrepancias políticas

El consenso sobre la propuesta convivió con un debate sobre la gestión del sistema y las aportaciones del Estado y de la Junta. Desde el PP se defendió la evolución de los recursos autonómicos y el aumento de las personas beneficiarias y de las prestaciones.

El representante popular también destacó la reducción de los tiempos de espera y el incremento del precio por hora de la ayuda a domicilio. Sostuvo que la Junta ha mejorado la respuesta del sistema, aunque reconoció que siguen existiendo necesidades pendientes.

En su intervención final, Galán centró de nuevo la discusión en el objeto del acuerdo: asegurar que el crecimiento de la atención disponga del respaldo económico necesario. La aprobación unánime permite trasladar una reclamación conjunta a ambas administraciones, aunque no supone por sí misma una nueva asignación presupuestaria ni una actualización inmediata de las cantidades que reciben los servicios.