El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado este jueves la resolución definitiva de las ayudas que el área de Vicepresidencia Primera, Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social de la Diputación concede a organizaciones no gubernamentales de la provincia para el desarrollo, ONGD, para la ejecución de proyectos de cooperación internacional. Han sido seleccionados un total de 26 proyectos dentro de las zonas preferentes que establecían las bases.
Según ha informado la Diputación en una nota, Guatemala, con cuatro, es el país donde más proyectos reciben ayudas de esta convocatoria. Le siguen con tres Mozambique y Marruecos y, con dos proyectos, Burkina Fasso y Palestina.
Además, también se ejecutará un proyecto con apoyo de la Diputación en cada uno de los siguientes países o enclaves: Ruanda, República Democrática del Congo, Madagascar, Bolivia, Sahara, Kenia, Costa Rica, Brasil, Senegal, Costa de Marfil, Nicaragua y Guinea Bissau. África es el continente donde más proyectos se ejecutarán, un total de 16, seguido de Iberoamérica, con ocho, y Asia, con dos.
La irrupción de la crisis sanitaria tiene incidencia en la naturaleza de varios proyectos que son subvencionados, que incluyen tareas de prevención de contagios de Covid-19 y otros aspectos relacionados con la pandemia.
Asimismo, la Diputación ha explicado que muchos de ellos tienen objetivos encaminados a la mejora de las condiciones sanitarias, pero también de las infraestructuras y los suministros básicos, la educación, la igualdad de género o el fomento de la cualificación para el empleo.
La Diputación, a través de la Delegación de Desarrollo Democrático, de la que es responsable Lucía Trujillo, ha dotado esta convocatoria con 200.000 euros para proyectos orientados a promover el desarrollo humano integral, favorecer el crecimiento socio-económico sostenible, proteger el medioambiente y cubrir las necesidades básicas de los países en vías de desarrollo.
La Diputación de Cádiz considera gastos directos subvencionables aquellos relacionados con la adquisición de terrenos, reformas o construcción de inmuebles o infraestructuras, equipos, y cualquier otro material inventariable, además de gastos corrientes y fungibles.
La comisión de valoración que ha concedido las ayudas ha tenido en cuenta el impacto económico y social del proyecto, la viabilidad técnica y financiera, la eficacia del procedimiento de ejecución, el fortalecimiento de la capacidad institucional y de gestión de los países destinatarios, la atención a la igualdad de género, el respeto por la protección y la salvaguardia del medio ambiente y las fuentes de verificación de la ejecución del proyecto.