El diputado de Bienestar Social de la Diputación de Cádiz, David de la Encina, ha solicitado a la Junta «claridad» en los criterios de asignación de los fondos Next Generation en el ámbito social, que suponen 125 millones de los 450 que corresponden a Andalucía, al tiempo que ha instado a que a que «publique inmediatamente las normas sobre su aplicación y justificación, ya que deberían ejecutarse en este 2021, que casi se acaba».
Según ha informado la institución provincial en una nota, la cercanía del plazo final «preocupa» a De la Encina, que ha afirmado que «faltan escasas fechas para terminar el ejercicio 2021 y aún la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta no ha publicado la normativa que regula cómo deben justificarse estos fondos, de los cuales al menos un 20,25% les corresponden a los ayuntamientos y diputaciones, cuyos alcaldes y presidentes siguen sin saber qué les va a corresponder y cómo lo van a tener que justificar».
Los fondos Next Generation se integran dentro del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia del Gobierno, y representan para Andalucía 449.872.227 euros, desglosados en siete proyectos y 36 líneas de actuación principales de gasto en tres anualidades.
Para 2021 la cuantía asciende a 124.968.307 euros, que habría que ejecutar antes del 31 de diciembre. En opinión del diputado este Plan supone «una oportunidad única, que Andalucía no puede permitirse desaprovechar por el caos y desorden de la gestión de la Junta».
A la Consejería de Igualdad le corresponde detallar los procedimientos de ejecución y justificación en cada uno de las líneas de actuación, tanto en los proyectos de la propia Consejería como en los que corresponden a las entidades locales y a las entidades sociales, que también son partícipes del Fondo; «pero sus responsables no saben ni cuánto les corresponderá cada uno ni cómo deberán justificar», ha lamentado De la Encina.
El diputado ha denunciado la falta de información, ya que este retraso «va a complicar poder completar todos los procesos administrativos necesarios para el uso y justificación de los recursos».
En este contexto, el diputado ha pedido a la Junta que resuelva esta situación y recuerda que la importancia de estos fondos es una realidad que ya le han trasladado diferentes representantes municipales y otras entidades como la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), como «una ayuda esencial y decisiva para reactivar el motor empresarial a medio y largo plazo».