La Dirección General de la Guardia Civil se persona como acusación particular en el caso Barbate
El juzgado admite la personación de la Dirección General de la Guardia Civil en el caso Barbate como perjudicada por los daños materiales, mientras la AUGC critica que la decisión llega más de dos años después del asesinato de dos agentes en el puerto gaditano.
El Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barbate ha admitido la personación de la Dirección General de la Guardia Civil como acusación particular en el conocido como caso Barbate, relativo a la muerte de los agentes David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez, arrollados por una narcolancha en febrero de 2024 en el puerto de la localidad gaditana.
Según el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, la Dirección General comparece en calidad de perjudicada por los daños ocasionados en bienes de la institución, entre ellos la embarcación oficial tipo zódiac en la que viajaban los agentes fallecidos. El juzgado da por formulada la reclamación por las consecuencias económicas de esos daños, aunque precisa que esta personación no permitirá realizar actos procesales cuyo trámite haya precluido.
Los hechos se remontan al 9 de febrero de 2024, cuando una narcolancha embistió hasta en seis ocasiones a la patrullera de la Guardia Civil en el puerto de Barbate, causando la muerte de los dos agentes. La causa se encuentra en fase de preparación de juicio oral y será enjuiciada por un jurado popular.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ejerce la acusación popular desde el inicio del procedimiento, ha criticado la decisión por considerarla “tardía”, al haberse producido más de dos años después de los hechos. En un comunicado, la asociación señala que esta incorporación no permite ya ejercer derechos procesales como la presentación de escrito de acusación, la proposición de prueba o la petición de penas.
AUGC también lamenta que la personación se limite a la reclamación por daños materiales y no abarque otras responsabilidades, aunque reconoce que cualquier presencia institucional junto a las familias es bienvenida. La asociación ha presentado su propio escrito de acusación y ha participado en las distintas fases del procedimiento judicial.
Por su parte, la representación legal de las familias de los dos agentes ha solicitado para el principal acusado, el piloto de la narcolancha, Karim E.B., un total de 119 años de prisión. Además, reclama una indemnización de dos millones y medio de euros.
En un auto dictado el pasado mes de febrero, el juez instructor acordó que tanto el piloto como uno de los tripulantes sean juzgados por un jurado popular. Al primero se le atribuyen dos delitos de asesinato consumado, cuatro en grado de tentativa y seis delitos de atentado agravado contra la autoridad.
El segundo procesado será juzgado por seis delitos de atentado agravado contra la autoridad. El magistrado considera que fue quien apuntó con un láser a los agentes que viajaban en la embarcación oficial en los momentos previos a la colisión, con la intención de dificultar su visión y capacidad de reacción. No obstante, no consta que realizara esa acción en el instante exacto del impacto.
Otros dos tripulantes de la narcolancha fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad tras abonar fianza. Serán juzgados en una pieza separada por delitos de contrabando y pertenencia a grupo criminal.
La investigación del caso Barbate incluyó un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que descartó que la embarcación intervenida en La Línea de la Concepción horas después del suceso fuera la autora de las embestidas. El informe se basó en declaraciones de testigos y en vídeos, entre ellos uno grabado desde otra narcolancha.
Karim E.B. fue detenido el 19 de septiembre de 2024, siete meses después de los hechos, tras ser señalado por varios implicados. Entre noviembre de 2024 y mayo de 2025 fueron arrestados los tres tripulantes que lo acompañaban.
Con la personación ahora admitida, la Dirección General de la Guardia Civil se incorpora formalmente al procedimiento en su vertiente de reclamación patrimonial, mientras la causa avanza hacia la celebración del juicio por uno de los episodios más graves vinculados al narcotráfico registrados en la costa de Cádiz.
