El rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, en compañía del presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España, Javier Fernández, y la vicedecana Ordenación Docente y Prácticas de la Facultad de Derecho de la UCA, Isabel Villar, ha presidido este jueves en el salón de actos del campus de Jerez el acto inaugural de la XXXI Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España, en la que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con Las Cortes, Félix Bolaños, ha participado de forma telemática.
En esta edición, esta Conferencia ha reunido esta tarde en el campus universitario de Jerez a más de 65 representantes de 46 facultades públicas y privadas del sistema universitario español, ha informado la UCA en una nota.
Félix Bolaños ha valorado como «muy relevante» estos foros porque las facultades «son el primer punto de encuentro de los profesionales con el derecho» y se le proporcionan «herramientas y conocimientos a los futuros juristas».
Además, ha anunciado que «en los próximos días» se van a convocar nuevas becas para preparar las oposiciones de la carrera judicial de la Administración de Justicia y se va a multiplicar el importe, que será «sensiblemente superior al año pasado, para que llegue a todas las facultades y que todos los estudiantes con independencia de sus ingresos puedan acceder a estos elevados puestos de la administración del Estado».
La XXXI Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España, integrada por 72 universidades públicas y privadas de todo el país y que representa a más de 100.000 alumnos y alumnas, aboga por introducir en ESO y en Primero y Segundo de Bachillerato materias vinculadas al conocimiento del Estado, la Constitución, los Estatutos de Autonomía, los Derechos Humanos, la Política y el Derecho como vehículo para implicar a los jóvenes en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
Esta propuesta se enmarca en las conclusiones del Grupo de trabajo ‘Discriminación de los Estudios de Derecho y propuestas de actuación’, donde se recoge una propuesta para que los estudiantes de ESO y Bachillerato conozcan y entiendan conceptos fundamentales como nación, país y Estado, el patriotismo y el nacionalismo, el centralismo, el regionalismo y el federalismo, la división de poderes, la Constitución Española de 1978, la organización del Estado, el sistema electoral, los Estatutos de Autonomía, el papel de las instituciones públicas o la importancia del Tribunal Constitucional, entre otros.
En opinión del rector de la UCA, que ha agradecido el trabajo de la Facultad y de la Conferencia para organizar este evento, la Facultad de Derecho es «uno de los grandes centros» de la Universidad de Cádiz y está inmersa en una estrategia de impulso de nuevas técnicas de innovación docente con juicios simulados, fuerte implicación con empresas y despachos de abogados, visitas de campo, además de otras experiencias como el club de debate jurídico, club de oratoria o clínica de práctica jurídica, que reflejan su preocupación por la calidad y la innovación docente y por el compromiso académico y social de mejora de los estudios de Derecho y su conexión con el mercado laboral y la sociedad.
Por su parte, Javier Fernández Teruelo ha recordado que los alumnos de Derecho de la actualidad «serán los jueces, fiscales y abogados del mañana», lo que «obliga a brindar a esta titulación la relevancia que le corresponde», defendiendo además «las ventajas» para la sociedad de introducir estas materias.
En este contexto, «son muchas las ventajas que estas aportaciones pueden conllevar en aras a forjar en el estudiantado de ESO y Bachillerato una personalidad madura, una conciencia cívica, solidaria y responsable amparada en valores y derechos que consideramos clave para la implicación futura y activa de estos estudiantes en la construcción de una sociedad justa y equitativa», ha aseverado el responsable del grupo de trabajo, Javier Palao Gil.
De esta forma, la Conferencia apuesta por reforzar la docencia práctica del Derecho, lo que contemplaría, por ejemplo, la realización de clases teórico-prácticas en juzgados y tribunales, el refuerzo de la estructura y la actividad de las Clínicas Jurídicas o la tutela de las prácticas por parte de despachos y tutores profesionales.
Además, las decanas y decanos han reclamado infraestructuras como salas de vistas, laboratorios de legaltech, aulas de informática y tecnología o salas para mediación que, junto a nuevos programas informáticos, contribuyan a una mejor docencia.
La carrera académica en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y la distribución de contratos predoctorales es otro de los temas a debate en el encuentro, ya que la Conferencia ha asegurado que las administraciones públicas no asignan estos contratos con ecuanimidad y proporcionalidad, lo que perjudica de manera clara a sus facultades.
En este sentido, han explicado que los egresados de máster en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas suponen el 64,80% de todos los graduados de España. Frente a ello, el Ministerio de Universidades les asigna apenas el 21,5% de contratos predoctorales, lo que las perjudica ya que la falta de contratos disuade a los interesados en doctorarse.
En el caso concreto de Derecho, durante el curso 2021/2022 se graduaron 12.200 estudiantes y los egresados de másteres jurídicos superaron los 7.500, cifra superior a los 24 contratos predoctorales asignados. Pese a ello, las tesis doctorales leídas fueron 452, lo que supone casi 20 tesis por cada contrato.
Otra de las consecuencias de esta realidad es que más del 40% de los nuevos doctores en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas tienen 40 años o más, lo que dificulta el relevo generacional en las facultades jurídicas, que están muy envejecidas.
En esta jornada, la coordinadora del grado en Criminología y Seguridad de la Facultad de Derecho de la UCA, Mariana Solari, ha impartido la conferencia de apertura sobre el uso de inteligencia artificial en los estudios de grado y posgrado jurídicos en España.
En su intervención, ha destacado que la integración de la inteligencia artificial en los estudios de grado y posgrado jurídicos «está revolucionando el ámbito educativo y profesional del Derecho», ya que de su mano «puede mejorar de manera significativa la eficiencia y precisión en la investigación y gestión de información jurídica, además de personalizar y ofrecer experiencias de aprendizaje más dinámicas y participativas».
Entre los desafíos y estrategias, ha apuntado a «la necesidad de abordar el sesgo inherente en los algoritmos de IA para garantizar decisiones justas y equitativas», lo que requiere «la implementación de auditorías regulares y la promoción de la diversidad en los datos utilizados para entrenar estos sistemas, así como la prioridad de la protección de datos, lo que implica el desarrollo de políticas claras que aborden cuestiones de ética, privacidad y equidad».
Las jornadas continuarán este viernes con la ponencia de la directora de la División de Evaluación de Profesorado y secretaria de la Cneai, Susana Quicios, sobre el ‘Nuevo procedimiento para la obtención de la acreditación estatal para el acceso a cuerpos de Profesor/a Titular y Catedrático/a de Universidad y nuevos criterios de evaluación de los sexenios en el campo del Derecho’.